La excandidata presidencial Luisa González, una colaboradora y el exasambleísta Santiago Díaz constan entre los investigados por posibles inconsistencias en los aportes y gastos de campaña. La investigación busca esclarecer el origen de los recursos y el manejo de la publicidad electoral.
QUITO, 22 de octubre de 2026.– La Fiscalía General del Estado abrió el denominado caso Laberinto para investigar presuntas irregularidades en el financiamiento político y los gastos de publicidad electoral durante la campaña presidencial de 2023. Las diligencias comenzaron el 14 de octubre de 2026 y buscan esclarecer posibles inconsistencias en los aportes recibidos y el origen lícito de los recursos utilizados.
Entre las personas investigadas constan la excandidata presidencial Luisa González Alcívar, su colaboradora Estefanía M. y el exasambleísta de la Revolución Ciudadana Santiago Díaz Asque. La apertura de una investigación no implica que los involucrados sean responsables de los hechos denunciados; esa determinación corresponde a las autoridades judiciales conforme avance el proceso.
¿Quién es Luisa González?
Luisa González tiene 48 años, es abogada y ha ocupado cargos en distintas instituciones públicas durante su trayectoria profesional. Durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), trabajó en la Secretaría de Comunicación e Información y en la Superintendencia de Compañías. En 2010 fue designada coordinadora general de Agenda Estratégica Presidencial en el Palacio de Carondelet.
En las elecciones legislativas de 2021, obtuvo una curul como asambleísta nacional por el distrito 1 de Manabí, en representación de la alianza Unión por la Esperanza (UNES), integrada por Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social.
Posteriormente, se postuló a la Presidencia de la República en dos ocasiones, incluida la contienda electoral de 2023.
Otras investigaciones mencionadas
Además del caso Laberinto, González enfrenta otras indagaciones previas. Entre ellas consta el caso Caja Chica, en el que la Fiscalía investiga una presunta estructura de delincuencia organizada con fines de lavado de activos, relacionada con el supuesto ingreso de dinero desde Venezuela para financiar la campaña presidencial del correísmo en 2023.
En enero de 2026, la vivienda de González fue allanada como parte de las diligencias de ese expediente. También se menciona una investigación previa por presunta concusión y otra por presunta omisión de denuncia en razón de la profesión, cargo u oficio, esta última notificada en septiembre de 2026.
Estas causas corresponden a investigaciones distintas. Con la información disponible, no se puede afirmar que estén vinculadas entre sí ni que determinen la situación jurídica de González dentro del caso Laberinto.
Por otra parte, la Revolución Ciudadana (RC5) permanece suspendida provisionalmente por nueve meses desde el 6 de marzo de 2026, por disposición del juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri, tras un pedido de la Fiscalía.
Santiago Díaz también figura entre los investigados
Otro de los nombres mencionados en el caso Laberinto es el del exasambleísta Santiago Díaz Asque, quien se encuentra detenido en una causa por presunta violación de una niña. Su situación en ese proceso es independiente de las diligencias relacionadas con el financiamiento electoral.
La información disponible no precisa qué participación individual se atribuye a cada uno de los investigados en las presuntas irregularidades examinadas en el caso Laberinto.
¿Qué se conoce sobre la situación jurídica de González?
Hasta la información proporcionada para esta nota, no se ha establecido públicamente si la situación de González está relacionada con alguna de las causas mencionadas ni se han detallado eventuales medidas judiciales dentro del caso Laberinto.
Se espera que las autoridades amplíen la información sobre el alcance de la investigación, los elementos recopilados y la situación jurídica de las personas involucradas.
Mientras tanto, las presuntas irregularidades en el financiamiento y el gasto electoral continúan bajo investigación. La responsabilidad penal de cada persona deberá determinarse mediante el procedimiento correspondiente y con respeto a la presunción de inocencia.