La Fiscalía investiga posibles irregularidades en el financiamiento y los gastos de la campaña presidencial de 2023. La audiencia de formulación de cargos fue convocada tras la detención de siete personas en Pichincha y Manabí.
La noche del jueves 22 de octubre de 2026, un juez convocó a una audiencia de formulación de cargos contra Luisa González, excandidata presidencial, y otras seis personas investigadas en el denominado caso Laberinto. La Fiscalía prevé procesarlos por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
La diligencia fue convocada por el juez Harry Navarrete, de la Unidad de Garantías Penales y Flagrancias especializada en delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. La primera convocatoria se realizó a las 21:23 y estaba prevista para las 22:00; sin embargo, no pudo instalarse debido a problemas de conexión con las personas detenidas, según informó el sistema de la Función Judicial.
Ante esta situación, el magistrado convocó nuevamente la audiencia para las 23:30 del mismo jueves. En la diligencia, la Fiscalía deberá exponer los elementos que sustentan su investigación y los cargos que pretende formular contra los siete investigados. También se deberá resolver si corresponde dictar prisión preventiva o disponer medidas cautelares alternativas.
Detenciones en Pichincha y ManabíLas detenciones se ejecutaron durante la madrugada del jueves en las provincias de Pichincha y Manabí, como parte de las diligencias investigativas. Posteriormente, Luisa González fue trasladada a Guayaquil, donde permaneció en el Cuartel Modelo.
El caso se centra en presuntas irregularidades relacionadas con el financiamiento político y los gastos de publicidad de la campaña presidencial de 2023. Según la información difundida por la Fiscalía, la investigación busca esclarecer inconsistencias en los aportes recibidos y determinar si los recursos utilizados tuvieron un origen lícito.
Los valores observados en la campañaEntre las cifras identificadas en el expediente constan aproximadamente USD 174.930 en propaganda en espacios públicos y medios digitales que presuntamente no habría sido declarada, así como USD 6.400 en ingresos sin sustento contable.
Estos valores forman parte de las inconsistencias que motivaron el traslado del expediente a la justicia penal. El proceso se originó a partir de una denuncia presentada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que remitió el caso ante las dudas sobre el origen y el registro de determinados fondos.
La formulación de cargos constituye una etapa del proceso penal en la que la Fiscalía comunica formalmente los señalamientos contra las personas investigadas y presenta los elementos que considera relevantes para sostenerlos. A partir de esa diligencia, la autoridad judicial deberá resolver las medidas cautelares solicitadas, de acuerdo con los argumentos expuestos por las partes.
Hasta que avance el proceso y exista una resolución judicial, las presuntas responsabilidades de González y de los otros seis investigados deberán ser determinadas por la justicia, bajo el principio de presunción de inocencia.