Quito. — Lo que debía ser un refuerzo clave para el sistema de limpieza y recolección de residuos en la capital de la República se transformó en un conflicto legal, administrativo y político. Seis camiones recolectores de basura, comprados para optimizar el servicio municipal, quedaron fuera de circulación a los pocos meses de haber sido entregados debido a múltiples anomalías técnicas.
El caso, que ha motivado intensos debates sobre la transparencia en las contrataciones públicas del Municipio de Quito, destapó una serie de irregularidades que van desde fallas mecánicas ocultas hasta un dictamen de la Contraloría General del Estado que apunta a responsabilidades penales.
Cronología de un contrato fallido
Las unidades vehiculares llegaron a la ciudad en diciembre de 2024; sin embargo, el optimismo duró poco. Casi de manera inmediata, la Empresa Pública Metropolitana de Aseo (Emaseo) comenzó a registrar reportes sobre problemas recurrentes en la operación de los camiones.
Entre los principales inconvenientes detectados destacaron fugas de aceite en las cajas recolectoras, fallas en el embrague y un desgaste prematuro e inusual en el sistema de frenos. Ante el riesgo operativo y la seguridad del personal, la entidad municipal optó por retirar de circulación los vehículos.
Un peritaje técnico elaborado por la Escuela Politécnica Nacional determinó que los automotores no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas en el contrato, evidenciando la existencia de «daños ocultos». Asimismo, informes de control posterior revelaron que los vehículos incumplieron con la capacidad de carga estipulada: mientras que Emaseo requería que transportaran 3,5 toneladas, los camiones apenas alcanzaban un rango de entre 3,09 y 3,22 toneladas.
Acciones legales y golpe financiero
Ante la negativa inicial del proveedor —que atribuyó los desperfectos a una supuesta mala operación de los chóferes municipales—, el cabildo y Emaseo activaron los mecanismos contractuales. El 29 de agosto de 2025 se solicitó formalmente la terminación anticipada del contrato y se exigió la reposición de las unidades, instalándose mesas técnicas con la participación de organismos internacionales que acompañaron el proceso.
No obstante, el impacto trascendió el ámbito administrativo. Tras un examen especial solicitado desde el Concejo Metropolitano, la Contraloría General del Estado identificó un perjuicio económico de USD 787.000 al Estado. El organismo de control estableció indicios de responsabilidad penal por el presunto delito de peculado en contra del exgerente de Emaseo, Jorge Jaramillo, y otros 12 funcionarios vinculados al proceso de adquisición.
La Asamblea Nacional toma cartas en el asunto
La gravedad de la situación escaló al poder legislativo. Con el respaldo de 82 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución para fiscalizar de manera exhaustiva la compra de los seis camiones recolectores.
La tarea recayó sobre la Comisión de Fiscalización, la cual recibió el mandato de analizar toda la documentación del proceso de contratación y emitir, en un plazo de 30 días, un informe con conclusiones y recomendaciones claras sobre las responsabilidades políticas e institucionales detrás del millonario fiasco.
Mientras las investigaciones continúan su curso en las distintas instancias de control y justicia, la flota vehicular de aseo de Quito lidia con los estragos de una adquisición que, en lugar de aportar soluciones a las más de 2.000 toneladas de residuos que produce diariamente la capital, se convirtió en un símbolo de ineficiencia y presunta corrupción.
Los datos
- Seis vehículos de aseo adquiridos para la capital dejaron de operar meses después de su entrega tras presentar fallas técnicas y no cumplir con lo estipulado en los contratos.
- La Contraloría General del Estado determinó un perjuicio económico superior a los USD 787 mil, mientras que la Asamblea Nacional dispuso investigar el caso.