Fiscalía busca apartar a jueces del caso Goleada tras fallo que revocó prisión preventiva de implicados
El denominado Caso Goleada registra un nuevo giro judicial luego de que la Fiscalía General del Estado presentara una demanda de recusación contra tres magistrados que revocaron la prisión preventiva de los principales procesados.
La acción legal apunta a los jueces Silvana Velasco, Wiler Chóez y Byron Uzcátegui, integrantes de un tribunal de apelación de la Sala Anticorrupción de la Corte Provincial de Pichincha. Con la presentación de la recusación, su participación en el proceso quedó temporalmente suspendida mientras se resuelve si deben ser apartados definitivamente del caso.
El origen de la controversia se remonta al fallo emitido el pasado 2 de abril, cuando el tribunal aceptó parcialmente la apelación presentada por el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sus hermanos y otros implicados, dejando sin efecto la medida de prisión preventiva. En su lugar, se dispusieron medidas alternativas como la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la autoridad.
Según la Fiscalía, esta decisión habría excedido las competencias del tribunal, al realizar un análisis de fondo sobre la existencia del delito en una etapa procesal destinada únicamente a revisar medidas cautelares. El Ministerio Público sostiene que los jueces anticiparon criterios sobre la tipificación de los hechos y la existencia de una estructura delictiva, lo que podría comprometer su imparcialidad.
En paralelo, el fiscal general subrogante, Carlos Alarcón Argudo, presentó una denuncia disciplinaria ante el Consejo de la Judicatura por presunto “error inexcusable”, solicitando que se evalúe la actuación de los magistrados.
El proceso judicial tiene como trasfondo una investigación por presunta delincuencia organizada y lavado de activos, relacionada con el desvío ilegal de diésel subsidiado hacia mercados internacionales, generando un posible perjuicio económico al Estado.
La resolución sobre la recusación quedará en manos de otro tribunal de la misma Sala Anticorrupción, que deberá determinar si los jueces cuestionados continúan o no conociendo el caso. Mientras tanto, el proceso principal sigue su curso en medio de un escenario de alta atención pública y jurídica.
