Juez ordena nuevamente prisión preventiva para Aquiles Álvarez y dispone la incautación de su vivienda en caso Goleada
El juez anticorrupción Jairo García resolvió este 6 de julio volver a dictar prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez; sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez; además de César Bravo y Fernando Peñaherrera, procesados por el presunto delito de lavado de activos dentro del denominado caso Goleada.
La decisión judicial se produce luego de que el magistrado concluyera que las medidas cautelares que pesaban sobre los procesados ya no eran suficientes para garantizar el desarrollo del proceso penal. Antonio y Xavier Álvarez, así como Bravo y Peñaherrera, habían recuperado su libertad el pasado 2 de abril, tras una resolución de la Corte Provincial de Pichincha que revocó la prisión preventiva.
En el caso de Aquiles Álvarez, aunque también fue beneficiado con esa decisión, permaneció privado de libertad debido a otras órdenes de prisión preventiva vigentes relacionadas con los casos Triple A y por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.
Como parte de la resolución, el juez también dispuso la incautación de la vivienda donde reside la familia del alcalde, ubicada en la urbanización Blue Bay, en la Isla Mocolí, cantón Samborondón. La autoridad concedió un plazo de 15 días para que la esposa del alcalde, Fiorella Ycaza, y sus tres hijos desalojen el inmueble.
Esta medida se suma al intento de incautación realizado el pasado 12 de junio por funcionarios de la Secretaría General Administrativa y de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, diligencia que no pudo concretarse debido a que aún estaba pendiente una audiencia de revisión de medidas y no existía una orden de desalojo.
El caso Goleada inició el 11 de febrero de 2026, cuando la Fiscalía formuló cargos por presunta delincuencia organizada contra los hermanos Álvarez y otras personas. Posteriormente, el proceso evolucionó y los cargos fueron reformulados por el presunto delito de lavado de activos, incorporando además a nuevos procesados, entre ellos familiares, colaboradores y varias personas jurídicas.
El proceso judicial continúa en etapa de investigación, mientras las autoridades avanzan con las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades dentro de este caso.
