AMC clausuró dos tramitadoras ilegales que ofrecían presuntos documentos municipales adulterados
En los alrededores de la Administración Zonal Los Chillos, en la parroquia de Conocoto, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró dos establecimientos que ofrecían servicios de tramitación municipal sin contar con los permisos municipales de funcionamiento.
Durante la inspección, los equipos de control encontraron documentación municipal con presuntos indicios de adulteración que, aparentemente, era entregada a ciudadanos que acudían a estos locales para gestionar distintos trámites. Estos hallazgos serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.
La intervención se ejecutó tras una alerta ciudadana sobre posibles cobros irregulares y presuntas estafas relacionadas con la intermediación de trámites municipales.
En las fachadas de ambos establecimientos se promocionaban servicios como actualización de catastros, obtención de patentes, emisión de Licencias Metropolitanas Únicas para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE) y pago de obligaciones municipales, induciendo a los usuarios a creer que se trataba de servicios autorizados.
El supervisor metropolitano de la AMC, Gustavo Chiriboga M., recordó que «los trámites municipales están disponibles para la ciudadanía a través de los canales oficiales del Municipio de Quito y en los balcones de servicios de las instituciones autorizadas. Muchos de ellos, como la obtención de la LUAE, son gratuitos y pueden realizarse directamente, sin necesidad de intermediarios».
Asimismo, recomendó a la ciudadanía verificar que cualquier establecimiento que ofrezca servicios de asesoría o tramitación cuente con los permisos de funcionamiento vigentes y evitar entregar dinero, documentos personales o información sensible sin comprobar previamente la legalidad del servicio.
De acuerdo con el Código Municipal, los responsables de establecimientos que desarrollen actividades económicas sin la autorización correspondiente o hagan uso indebido de permisos pueden enfrentar sanciones de hasta USD 4.000, sin perjuicio de las acciones administrativas y legales que pudieran derivarse si se determina la existencia de posibles delitos relacionados con la adulteración de documentos o estafas.
