Gobierno pide anular fallo que declaró forzada la desaparición de los Niños de Las Malvinas
Los ministerios de Defensa y del Interior pidieron, este martes 11 de febrero del 2025, a un tribunal que revoque el fallo de habeas corpus en la que una jueza declaró como forzada y bajo responsabilidad del Estado la desaparición de cuatro niños en Guayaquil.
Se trata del caso de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11. Ellos vivían en el barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil. En diciembre pasado fueron reportados como desaparecidos y luego sus cuerpos aparecieron calcinados en una zona agreste de Taura, en Naranjal.
La noche del 8 de diciembre del 2024, los menores fueron aprehendidos por 16 militares de una patrulla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), que había sido alertada de que en la zona ocurría un asalto. Los soldados subieron a una camioneta y se los llevaron.
Según la versión de los militares, los niños fueron trasladados hacia la zona de Taura, a unos 30 kilómetros de Guayaquil, donde se ubica una de las principales bases de FAE y los dejaron en libertad. Después de eso se perdió el rastro de los menores.
Tras días de no obtener respuesta sobre el paradero de sus hijos, los padres de los menores interpusieron una acción de habeas corpus. Con esa diligencia, la jueza Tanya Loor declaró que hubo una «desaparición forzada bajo la responsabilidad del Estado ecuatoriano«.
La magistrada afirmó que durante esa audiencia se habían presentado elementos que hacían presumir que los 16 militares que actuaron en la detención «no cumplieron con los protocolos establecidos para estos casos» y ordenó la activación de protocolos de búsqueda y unas disculpas públicas por parte del Ministerio de Defensa.
Sin embargo, el Gobierno apeló esa sentencia. Por eso, este martes 11 de febrero del 2025, los defensores de los ministerios, junto con representantes de la Procuraduría General y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, dijeron a los jueces que la magistrada Loor se «sale de sus competencias» al declarar la responsabilidad del Estado por el delito de desaparición forzada a través de un habeas corpus. El Gobierno aseguró que eso se debe determinar por la vía penal.
Jessica Vergara, abogada del Ministerio del Interior, agregó que con su fallo la jueza estaba adelantando «las bases de una imputación penal que no corresponden a este foro y desnaturalizando los fines y el objetivo de un habeas corpus«.
El 24 de diciembre, se hallaron cuatro cadáveres calcinados en Taura. Tras realizar pericias forenses, el 31 de diciembre del 2024, Criminalística determinó que los cuerpos correspondían a los menores desaparecidos.
Defensa de familiares rechazan pedido del Gobierno
Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y de las familias de los menores, rechazó el pedido del Gobierno y dijo que estaban equivocados al creer «que la desaparición forzada solo es un delito», cuando «también es una vulneración de derechos«.
«En ese sentido, las juezas y jueces constitucionales sí pueden recibir ese tipo de casos, no solo porque lo permite nuestro ordenamiento jurídico, sino porque, en general, cuando te detienen y te incomunican te vulneran la integridad personal, entre otros derechos», resaltó.
Bastias dijo que, de revocarse la sentencia, llevarán el caso ante la Corte Constitucional por medio de una acción extraordinaria de protección.
«Esta apelación es un mensaje de impunidad, porque no solo excluyen la responsabilidad estatal, sino también la responsabilidad penal individual de los 16 militares, diciendo que como los liberaron no es una desaparición forzada. Hay todo un espíritu de cuerpo aquí para dejar en impunidad no solo en el caso constitucional, sino el caso penal y eso es lo que estamos denunciando», concluyó el defensor.
Fuente: Teleamazonas
