Debate sobre la nueva ley energética ¿en que se centrará?
Está previsto que la Asamblea Nacional debata por primera vez el borrador de proyecto de Ley para impulsar la iniciativa privada en la transición a energías renovables entre el lunes 21 y el martes 22 de octubre.
El informe para primer debate llega al Pleno casi igual al enviado por el presidente Daniel Noboa, aprobado en la Comisión de Desarrollo Económico con seis votos a favor y dos abstenciones, del vicepresidente de la mesa legislativa, Blasco Luna, y Lenín Lara, ambos correístas. La principal diferencia está en que se eliminó un artículo que garantizaba tarifas eléctricas competitivas para el sector privado.
La propuesta incluye reformas a la Ley de eficiencia energética, aprobada el 10 de enero de este año, por ejemplo, plantea la ampliación a la generación privada hasta 100 megavatios (MW), facilita el trámite para la implementación, entre otras.
A pesar de que la norma que entró en vigencia a inicios de año fue bautizada como Ley no más apagones, al largo plazo no cumplió ese objetivo, ahora el Gobierno plantea una nueva alternativa como salida a la crisis energética. ¿Es suficiente incentivo para superar los cortes de luz y fortalecer el sistema eléctrico?
El proyecto de ley propone aumentar el techo de generación privada a 100 MW
En la ley vigente se permiten proyectos privados de hasta 10 megavatios, mientras que, en la nueva propuesta, se amplía a 100 MW, para energía renovable no convencional y 50 MW para energía de transición, en ambos casos cuando sean iniciativas que no están contempladas en el Plan Maestro de Electricidad (PME).
Además, la nueva ley plantea priorizar proyectos que promuevan el uso de tecnologías limpias y energía renovable no convencional, con capacidad de almacenamiento, inclusión de redes de interconexión a la red eléctrica, y que se encuentren en la zona de frontera.
Los empresarios que inviertan lo harán bajo su propio riesgo, pero con un trámite más sencillo. Ya no es necesario un concurso público para la asignación, sino que el Ministerio de Energía y Minas se encargará de verificar la capacidad técnica, económica y jurídica.
Los proyectos que están en trámite con límite de 10 MW, así como aquellos que ya operan por debajo de ese tope, pueden pedir una revisión de los permisos y ampliar su potencia.
La necesidad de ampliar el techo de la generación privada nace de la situación actual en que la demanda energética es mayor que la oferta. Eso significa que las iniciativas que impliquen insertar más potencia en el sistema son necesarias.
El experto energético Jorge Luis Hidalgo considera que es una medida apropiada porque da mayores incentivos, aunque cree que todavía no es suficiente para ganar la confianza de los inversores.
La migración de la generación térmica a tecnologías de menor impacto ambiental, a costo de la importación de gas natural
En el proyecto de ley se establece que las personas jurídicas, que se dedican a actividades de generación térmica, deben presentar planes de transición hacia tecnologías de menor impacto ambiental, como el uso del gas natural, en lugar de combustibles fósiles.
Para lograrlo, se establece que el Estado facilitará la obtención de licencias para la importación de ese tipo de gas para proyectos que adopten dichas medidas.
El asambleísta Blasco Luna dice que su voto en abstención fue justamente por esta parte de la propuesta porque se beneficia a las empresas habilitadas para la importación, en lugar de promover la extracción dentro del país. Dice que hay un desperdicio del gas metano que no es aprovechado y que la ley debería incentivar a la empresa privada para la obtención del gas.
Hidalgo explica que una alternativa para suplir la falta de gas natural puede ser el mantenimiento de los pozos en el Campo Amistad y así levantar la producción nacional.
Cuenta que a la empresa privada a la que pertenece le tomó cinco años la obtención de un permiso para la licuefacción de gas, mientras que para la importación las autorizaciones se obtienen en cuestión de días.
Las tarifas continúan siendo un problema para la generación privada
El proyecto enviado por el presidente Daniel Noboa incluía respaldos de garantías emitidas por el Estado o mediante fideicomisos específicos para los contratos de compra de energía de las personas jurídicas que se dediquen a esa actividad, «a fin de asegurar el repago de las obligaciones contractuales».
El asambleísta Luna considera que eso era una licencia para que el cobro por kilovatio no tenga regulaciones y no sea competitivo con las distribuidoras públicas.
Sin embargo, Hidalgo cree que si no se revisan las tarifas es complejo que el sector privado se anime a invertir.
A su criterio, la ley todavía podría nutrirse más como flexibilidad en cambios de títulos habilitantes, blindar al sector de nuevos tributos y evitar la intromisión de grupos que rechacen la generación de proyectos bajo el discurso del ambientalismo.
Fuente: Ecuavisa
