ALCALDES Y PREFECTOS ANALIZAN REFORMA PROPUESTA AL COOTAD POR GOBIERNO NACIONAL
Autoridades subnacionales, entre las que se cuentan alcaldes, prefectos y representantes de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) parroquiales, se convocaron en la capital del país para evaluar las implicaciones de la iniciativa de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (Cootad) presentada por el Ejecutivo Nacional. El proyecto de ley fue enviado a la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente.
Entre los funcionarios presentes se encontraban el alcalde de la Municipalidad de Quito, el señor Pabel Muñoz; el alcalde de Cuenca, el señor Cristian Zamora; la prefecta de la Provincia de Pichincha, la señora Paola Pabón; y el prefecto de la Provincia del Azuay, el señor Cristóbal Lloret, entre otras autoridades locales.
La propuesta gubernamental establece que los GAD deberán destinar, de forma progresiva, hasta el setenta por ciento de sus recursos presupuestarios a rubros de inversión, mantenimiento, reposición de infraestructura y prestación de servicios públicos. En caso de no cumplir con este requisito, las entidades recibirán una reducción en su asignación presupuestaria.
Diversas voces entre las autoridades subnacionales han expresado preocupaciones respecto a los efectos que esta medida podría generar. El señor Zamora ha señalado que la iniciativa podría afectar la ejecución de programas en áreas como salud, deporte, cultura, prevención de violencia de género y atención a poblaciones vulnerables. Por su parte, el señor Muñoz ha indicado que el proyecto presenta elementos que podrían considerarse de índole ilegal o inconstitucional, además de cuestionar la urgencia declarada, ya que las disposiciones entrarían en vigencia a partir de 2027.
La Municipalidad de Quito ha informado que la medida implicaría una disminución de recursos para intervenciones en barrios, desarrollo de mingas comunitarias y ejecución de proyectos de ámbito local. Asimismo, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) ha manifestado que, en caso de que el proyecto siga su trámite legislativo, la organización presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional del Ecuador.
