Clausuran cinco centros de rehabilitación clandestinos por graves irregularidades
La Agencia Metropolitana de Control (AMC), con apoyo de la Policía Nacional y de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS), clausuró cinco centros de rehabilitación que operaban de forma clandestina en distintos sectores de Quito. Los operativos se realizaron durante las dos últimas semanas y revelaron múltiples irregularidades que comprometen la seguridad de los internos.
En total, las autoridades encontraron 133 personas en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas retenidas contra su voluntad. Los informes detallan presuntos maltratos físicos, deficiencias severas en la atención médica y psicológica, hacinamiento y condiciones insalubres, lo que evidencia un alto nivel de riesgo para quienes buscaban tratamiento por consumo de alcohol y drogas.
En Guayllabamba, al norte de la ciudad, se clausuró un centro tras la muerte de un interno por una herida de arma blanca. Siete personas estaban recluidas y cuatro son investigadas por su presunta participación en el hecho. En el sector de la Jipijapa, 20 personas vivían en espacios reducidos sin privacidad, mientras vecinos denunciaron un aumento de la delincuencia asociado al establecimiento.
En San Antonio de Pichincha, el operativo identificó indicios de maltrato físico y denuncias de agresiones sexuales. Allí se encontraron 70 internos en condiciones que vulneraban su integridad. En el sur de Quito, en Santa Rosa de Chillogallo, un menor fue entregado a su familia y se constató que los 19 usuarios presentaban signos de agresiones físicas atribuidas a un supuesto método de tratamiento.
Un quinto centro, ubicado en Alangasí, en el valle de Los Chillos, también fue clausurado. En el lugar, 16 personas entre ellas un menor no recibían atención médica ni psicológica adecuada, y la cocina presentaba condiciones de insalubridad.
El supervisor metropolitano de la AMC, Gustavo Chiriboga, señaló que los responsables de estos establecimientos podrían enfrentar multas superiores a 3 000 dólares, además de las clausuras ejecutadas. En 2024 se registraron 10 cierres de centros clandestinos, mientras que en lo que va de 2025 ya suman 21, debido a riesgos sanitarios y actividades no autorizadas.
