Dictan prisión preventiva contra Aquiles Álvarez y otros cuatro procesados
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez deberán cumplir prisión preventiva por disposición del juez Jairo García, en el marco del denominado caso Goleada. La decisión se adoptó tras una audiencia de formulación de cargos que se extendió durante varias horas en el Complejo Judicial Norte de Quito.
La medida también fue dictada contra César Emilio Bravo y Fernando Peñaherrera. En total, 11 personas fueron procesadas dentro de esta causa.
Cinco de los implicados deberán presentarse periódicamente ante la autoridad judicial y tienen prohibición de salida del país. Ellos son: Pablo Pita, Carlos Asanza, David Álvarez Kronfle, Ricardo Bruzzone y Gastón Loy.
En el caso de Pedro Juan Hidalgo, por tratarse de una persona de la tercera edad, el juez dispuso arresto domiciliario.
Además, se ordenó la inmovilización de las cuentas bancarias de todos los procesados dentro del sistema financiero nacional.
La Fiscalía sostiene que existiría una estructura empresarial destinada, presuntamente, a la comercialización irregular de combustibles, lo que habría derivado en delitos como delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria.
Según el Ministerio Público, el esquema habría operado desde 2021 y estaría compuesto por varias fases, entre ellas la emisión de guías de revisión, la comercialización de combustible a embarcaciones internacionales, pagos indebidos a funcionarios, adquisición de bienes y la eliminación de archivos.
La hipótesis fiscal indica que, a través de compañías domiciliadas en el extranjero, se habría desviado combustible subsidiado para su reventa a precios internacionales, generando un perjuicio económico estimado en aproximadamente 100 millones de dólares.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva para diez de los once investigados, argumentando la necesidad de evitar riesgos procesales ante lo que calificó como un entramado societario complejo que habría evadido controles estatales.
Por su parte, la defensa de Aquiles Álvarez cuestionó la solidez de los elementos presentados y sostuvo que la acusación se fundamenta principalmente en pericias de conversaciones digitales y una denuncia anónima. El abogado Ramiro García apeló la medida de prisión preventiva y anunció que formalizará el recurso por escrito una vez que sea notificado con la resolución completa.
Tras conocerse la decisión judicial, dirigentes del movimiento Revolución Ciudadana manifestaron que consideran la medida como una persecución política. En la misma línea se pronunciaron actores y organizaciones afines.
Mientras tanto, simpatizantes del alcalde de Guayaquil se concentraron en los exteriores del complejo judicial para expresar su respaldo. El Municipio de Guayaquil convocó a una rueda de prensa para fijar una postura institucional frente a lo ocurrido.
De acuerdo con declaraciones de abogados y legisladores, los cinco procesados con prisión preventiva serían trasladados a la Cárcel 4 de Quito, un centro destinado principalmente a autoridades, policías y militares. No obstante, la decisión final sobre el lugar de reclusión corresponde al organismo penitenciario, que evaluará las condiciones de seguridad y riesgo.
La instrucción fiscal continuará mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes. Durante este periodo, las personas procesadas podrán ejercer su derecho a la defensa y a impugnar las medidas adoptadas.
