La CIDH otorga plazo a Ecuador para que se pronuncie sobre la destitución del expresidente Abdalá Bucaram
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha concedido al Estado ecuatoriano un plazo de tres meses para que responda sobre la destitución del expresidente Abdalá Bucaram, ocurrida en febrero de 1997.
El pedido se origina de una demanda interpuesta por Bucaram en 2015, en la que solicita a la CIDH que declare al Estado responsable de violar sus derechos al debido proceso y a la defensa. El expresidente argumenta que su destitución por el entonces Congreso Nacional, bajo la figura de «incapacidad mental», no se llevó a cabo a través de un juicio político.
La solicitud de información fue notificada el pasado lunes al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Según el abogado de Bucaram, Jorge Sosa, el Estado deberá explicar la legalidad del proceso y manifestar si acepta o rechaza los hechos denunciados.
Sosa indicó que, aunque la demanda se presentó en 2015 y tuvo una audiencia en 2018, no fue sino hasta 2020 que el caso fue admitido a trámite. El jurista explicó que el retraso se debió a que las oficinas de la CIDH estuvieron cerradas durante la pandemia de la COVID-19 y no pudieron notificar al Estado por falta de documentos físicos.
En su demanda, el expresidente argumenta que fue declarado mentalmente incapaz «sin el juicio civil que contempla la ley, ni participación de un cuerpo médico psiquiátrico que lo constatara». En una declaración de 2015, Bucaram alegó que los 44 diputados que lo destituyeron «se convirtieron en psiquiatras».
La demanda también señala que los parlamentarios lo inhabilitaron penalmente «sin fundamento alguno», en referencia a los casos de corrupción que se abrieron en su contra y que lo llevaron a exiliarse en Panamá por dos décadas. Bucaram regresó a Ecuador en 2017, tras la prescripción de los delitos.
El abogado Sosa explicó que la demanda se basa en una «violación continua» de los derechos del exmandatario, ya que hasta la fecha no ha recibido ningún tipo de reparación.
Después de recibir la respuesta del Estado, la CIDH elaborará un informe de fondo, aunque Sosa sugirió que, debido al retraso del caso, la Comisión podría emitir un único informe. Bucaram ha solicitado una compensación económica, disculpas públicas, que el Estado se haga cargo de la salud de él y su familia, y que se investigue a quienes «originaron las violaciones».
Actualmente, el exmandatario enfrenta un juicio por delincuencia organizada junto a su hijo y otras dos personas, por la presunta venta irregular de insumos médicos durante la pandemia de 2020./C.Barragán
