La violencia escolar en Quito exige una respuesta urgente del Estado
La violencia escolar dentro de los establecimientos educativos de Quito dejó de ser un tema aislado.
En apenas una semana, se registraron dos hechos de extrema gravedad que exigen respuestas inmediatas del Estado.
El 19 de junio, dos adolescentes ingresaron con un arma de fuego a una institución educativa y uno de ellos disparó, con la intención de atentar contra alguien del colegio.
Un día después, otra escena alarmante: dos estudiantes se enfrentaron a puñetazos en una pelea grabada y difundida por redes sociales ayer, 24 de junio de 2025.
Estos sucesos no son anecdóticos ni pasajeros. Reflejan un clima de creciente inseguridad en las aulas, donde los estudiantes no solo están expuestos al crimen organizado, sino que comienzan a reproducir sus lógicas violentas.
Las amenazas a profesores, la tenencia de armas y la venta de drogas en entornos escolares son alertas que ya no pueden seguir siendo minimizadas.
Las autoridades del Ministerio de Educación, así como los padres de familia, son los llamados a actuar frente a los hechos violentos que se registran dentro de los establecimientos educativos
Si bien el Gobierno ha puesto en marcha el programa Comunidades Educativas Seguras y Protectoras, que ha logrado reducir riesgos psicosociales en un 30 %, los hechos recientes muestran que aún queda un largo camino por recorrer.
Esta iniciativa, aunque valiosa, necesita ser fortalecida con medidas más integrales, enfocadas en la prevención, la salud mental, la mediación de conflictos y el acompañamiento constante a docentes y estudiantes.
Las escuelas y colegios deben volver a ser espacios de confianza, aprendizaje y contención.
Para ello, se requiere una política pública sostenida que involucre al Ministerio de Educación, pero también a las carteras de Salud, Interior y al sistema judicial.
El Estado debe garantizar que las aulas no se conviertan en nuevos escenarios de la violencia estructural que atraviesa al país.
La educación no puede darse en condiciones de miedo. El silencio institucional frente a esta situación sería una forma de complicidad.
La seguridad estudiantil es un derecho, y protegerla debe ser una prioridad inmediata.
FUENTE: El Comercio
