Procesos de contratación municipal en Quito enfrentan observaciones entre 2022 y 2026
Al menos cuatro procesos de contratación impulsados por el Municipio de Quito, entre 2022 y 2026, han sido objeto de observaciones por parte de organismos de control y autoridades de fiscalización. Algunos de estos procedimientos han derivado en informes de la Contraloría General del Estado y en investigaciones que llegaron a la Fiscalía.
Los cuestionamientos se concentran principalmente en convenios suscritos con organismos internacionales, como la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Estos acuerdos fueron utilizados por varias empresas municipales para la ejecución de compras y obras consideradas estratégicas para la ciudad.
Proyecto vial en el norte de Quito
Uno de los casos señalados corresponde a un convenio firmado entre la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) y Unops para la construcción de una solución vial en el norte del Distrito Metropolitano de Quito.
El 19 de enero, el concejal Andrés Campaña alertó que la empresa municipal aún no había recibido USD 2,7 millones de los USD 33 millones transferidos a Unops en diciembre de 2024. Los recursos estaban destinados a un proyecto de asistencia técnica, gestión conjunta y apoyo para la ejecución de la obra.
Según declaraciones recogidas un funcionario de la Epmmop explicó que el valor pendiente no ha sido devuelto debido a que el proceso de cierre del convenio aún no ha concluido, por lo que el monto final a transferir al Municipio no ha sido determinado.
Adquisición de trolebuses eléctricos
Otro proceso observado corresponde a la compra de 60 trolebuses eléctricos por parte de la Empresa de Pasajeros Quito, mediante un convenio con Unops firmado en 2022. El contrato, valorado en USD 35,3 millones, fue adjudicado a una empresa de origen chino.
Tras la entrega de las unidades, conductores reportaron fallas en las baterías, problemas de descarrilamiento y desperfectos en las rampas de acceso. Posteriormente, la Contraloría General del Estado, en un informe difundido el 10 de diciembre de 2025, señaló que no se habrían acatado recomendaciones del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y que se omitieron procedimientos propios de la contratación pública.
El organismo de control identificó un posible perjuicio económico de USD 2,55 millones y señaló que los trolebuses incumplieron 15 de las 80 especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Además, determinó indicios de responsabilidad penal, por lo que el caso fue remitido a la Fiscalía General del Estado.
Por su parte, la Empresa de Pasajeros Quito defendió el proceso y aseguró que la adquisición se realizó con transparencia y a un costo menor al presupuesto referencial. También señaló que las conclusiones del informe carecen de sustento técnico y legal.
Compra de camiones recolectores de basura
En 2024, la Empresa Metropolitana de Aseo (Emaseo) suscribió un acuerdo con el PNUD para la renovación parcial de su flota y la adquisición de contenedores de basura, con una inversión total de USD 5,4 millones.
De ese monto, USD 804.000 fueron destinados a la compra de seis camiones recolectores que, según la empresa, comenzaron a presentar fallas técnicas pocos meses después de su entrega en 2025. Ante esta situación, Emaseo solicitó la terminación anticipada del contrato, activó la garantía técnica y presentó una denuncia ante la Fiscalía por presunta estafa contra el proveedor.
Un peritaje realizado por la Escuela Politécnica Nacional concluyó que los vehículos presentaban alteraciones estructurales sin evidencia de autorización ni respaldos técnicos, además de daños ocultos que no eran detectables a simple vista.
Cancelación del mantenimiento del Metro de Quito
El cuarto antecedente corresponde a la cancelación del proceso de contratación para el mantenimiento del Metro de Quito, anunciada el 27 de enero de 2026. El procedimiento contemplaba el mantenimiento de los sistemas de estructura, superestructura, telecomunicaciones y equipos electromecánicos.
La empresa operadora informó que una omisión administrativa en la fase precontractual, relacionada con el envío de documentos necesarios para acuerdos de confidencialidad, obligó a suspender el proceso. Según la administración del Metro, el concurso no fue declarado desierto y podrá retomarse desde la etapa en la que se identificó el error.
