Sentencia máxima en Quito por explotación sexual en entorno familiar
La justicia ecuatoriana dictó una condena de 16 años de prisión contra una mujer hallada culpable de prostitución forzada en perjuicio de su propia hija de 17 años.
En un fallo judicial que resalta la gravedad de los delitos de explotación contra menores, el Tribunal de Garantías Penales de Quito ratificó la responsabilidad penal de Janeth Azucena M. R. La sentenciada deberá cumplir la pena máxima establecida por la normativa vigente tras determinarse que obligó a su hija adolescente a realizar actividades sexuales remuneradas.
Desarrollo de las investigaciones
Según las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado, los hechos ocurrieron durante un periodo de cuatro meses, entre junio y septiembre de 2023. El esquema de explotación operaba bajo el siguiente modo:
Captación: La procesada utilizaba plataformas digitales y redes sociales para promocionar imágenes de la menor.
Encuentros: Los actos se concretaban en diversos establecimientos de alojamiento (hoteles y hostales) de la capital.
Beneficio económico: Las investigaciones financieras confirmaron que los pagos por estos encuentros eran depositados directamente en la cuenta bancaria de la madre.
El proceso judicial incluyó peritajes psicológicos que revelaron el profundo daño emocional causado a la joven. El informe médico detalló cuadros de ansiedad severa, depresión e incluso intentos de autolisis (suicidio) vinculados directamente a la situación de vulnerabilidad a la que fue sometida.
Además de los informes técnicos, el testimonio anticipado de la víctima fue clave para que los magistrados dictaran la sentencia de 16 años de privación de libertad.
Más allá de la reclusión, el tribunal impuso una sanción económica equivalente a 300 salarios básicos unificados, como parte de la reparación y multa establecidas en el marco de este proceso por prostitución forzada.
