Uso Progresivo de la Fuerza y Protestas en Ecuador
La escalada de violencia en las recientes protestas en Imbabura, evidenciada por la muerte del comunero Efraín Fueres aparentemente por un disparo de la fuerza pública y la retención de 17 soldados, ha intensificado la crítica social sobre la actuación de las fuerzas del orden.
Mientras que sectores sociales las acusan de ser represivas, el Gobierno Nacional asegura que los manifestantes actúan con violencia y que están infiltrados por el crimen organizado.
Marco Legal y Normativa Vigente
El conflicto se da bajo un marco regulatorio en constante actualización para estandarizar la acción policial y militar:
- Ley Orgánica (2022): Estableció los principios de legalidad y proporcionalidad para el uso legítimo de la fuerza, regulando a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Vigilancia Penitenciaria.
- Reglamento (2023) y Manuales Operativos (2024): Detallan los procedimientos de aplicación, que inician con la verbalización y negociación antes de escalar a medios no letales.
- Fuerza Letal: Se permite únicamente ante una amenaza inminente de muerte o agresión armada.
Posturas de Expertos
Analistas y expertos coinciden en la complejidad del desafío:
- Visión Militar (Mario Carillo): Sostiene que la respuesta de las Fuerzas Armadas debe ser proporcionada (ej. gas lacrimógeno ante bombas molotov). Advierte que la retención de uniformados convierte la protesta en delitos graves (secuestro), lo que justificaría una acción penal.
- Visión de Derechos Humanos (Michelle Maffei): Señala fallas en la implementación debido a la militarización de las manifestaciones, pues el personal militar carece del «tacto social» necesario. Advierte que la violencia se intensifica por factores estructurales como el narcotráfico y la infiltración de bandas delictivas (Los Choneros, Los Lobos).
En este contexto, la muerte de manifestantes reaviva el debate sobre la responsabilidad estatal, manteniendo la desconfianza social a pesar de las reformas que buscan alinear la seguridad con los estándares internacionales de derechos humanos.
