Libro de visitas de Carondelet será nuevo insumo para juicio político contra Guillermo Lasso
El levantamiento de la reserva de la documentación entregada por la Superintendencia de Compañías y de la Bitácora (registro de visitas) de Carondelet puede dar un giro al pedido de juicio político al presidente Guillermo Lasso.
Desde hace once días, el proceso está estancado porque la bancada correísta de la Unión por la Esperanza (UNES) y sus aliados del Partido Social Cristiano (PSC), de las disidencias de la Izquierda Democrática (ID), y del movimiento Pachakutik (PK), no logran consensos para delimitar las causales para solicitar la interpelación al mandatario.
En medio de este entramado político, tampoco hay claridad acerca de quién sería el segundo asambleísta que acusará al mandatario.
El correísmo baraja diferentes opciones y calcula que este legislador tendría que salir del PSC, de las disidencias de la ID, del movimiento Pachakutik, o de un sector de los independientes.
‘Últimos detalles’
Viviana Veloz (UNES), una de las interpelantes declaró este 14 de marzo de 2023 que están por definir los últimos detalles de la solicitud para remitirla al Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).
Veloz, y varios de sus aliados han repetido esta declaración en innumerables ocasiones a partir del 4 de marzo de 2023 cuando en el pleno de la Asamblea se aprobó la recomendación de la comisión ocasional para que se enjuicie al Presidente. Sin embargo, once días después no hay evidencias claras de que esto podría concretarse a corto plazo.
Registro de visitas
Por unanimidad, y en una sesión reservada, el Pleno de la Asamblea Nacional dispuso este 14 de marzo levantar la reserva de la Bitácora de la Presidencia de la República, documento en el que se registra el ingreso y salida de personas. También se levantó la reserva de la información entregada por la Superintendencia de Compañías a la comisión ocasional que investigó la presunta trama de corrupción ’El Gran Padrino’.
A partir de esta decisión, los documentos serán digitalizados y puestos en conocimiento de los 137 legisladores.
“Cada uno de los asambleístas podrá iniciar el proceso que corresponda según su interpretación y, en función de la información, lo haremos conocer a los medios de comunicación”, dijo Juan Fernando Flores, jefe de la bancada oficialista del Acuerdo Nacional.
La hipótesis del correísmo es que con la desclasificación de la información se podrá conocer los nombres de las personas y políticos ecuatorianos que estarían detrás de las empresas relacionadas con la mafia albanesa.
Flores aseguró que el Gobierno no se siente incómodo con la decisión mayoritaria de la Asamblea. Afirmó que la transparencia es la principal línea, pero también exhortó a que se levante la información de la Bitácora de la Asamblea para conocer “quiénes han visitado los fines de semana el Parlamento”.
Dawin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea (Pachakutik), dijo que una vez que tenga la información en sus manos hará públicos los nombres “para que se deje de generalizar y no nos involucren a todos los asambleístas en temas que no tenemos nada que ver”.
Aseguró que su nombre no aparecerá en la información de la Superintendencia de Compañías, ni en la Bitácora de Carondelet.
Este es un nuevo insumo que utilizará la oposición para fundamentar la presentación de la solicitud de juicio político al jefe de Estado. Sin embargo, no se ha definido un plazo para que la información desclasificada sea digitalizada y entregada a los 137 asambleístas.
Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea, esbozó cuál sería el escenario en caso de que, luego de un eventual juicio político, el jefe de Estado tenga que salir del cargo.
Saquicela aclaró que, constitucionalmente, el funcionario que tiene que asumir ese cargo es el Vicepresidente de la República (Alfredo Borrero). “Es más, si antes del 14 de mayo se diera un evento de esta naturaleza, seré yo como presidente del primer poder del Estado en convocar al Vicepresidente para que se posesione en el supuesto caso de que ocurriera (el juicio y destitución)”, afirmó.
Las suspicacias se empiezan a generar
El constante aplazamiento de sugerir oficialmente un juicio al presidente Guillermo Lasso empieza a generar suspicacias entre legisladores de bancadas de minoría.
Fernando Villavicencio (Independiente) y Sofía Sánchez (Pachakutik) no ocultan su asombro de que la fuga de la exministra del correísmo María de los Ángeles Duarte se haya producido en medio de un proceso de juicio a Lasso que no termina de “cuajar” en la Asamblea. Estos legisladores empezaron a hablar que habría un pacto entre la bancada correísta de UNES y el Gobierno.
Villavicencio, quien preside la Comisión de Fiscalización anunció su decisión de convocar a esta mesa legislativa al canciller, Juan Carlos Holguín; al ministro del Interior, Juan Zapata; y al Comandante General de la Policía Nacional, Fausto Salinas, para que expliquen sobre la fuga.
Viviana Veloz y Juan Fernando Flores, jefe del bloque oficialista, negaron y rechazaron la denuncia de Villavicencio.
En una declaración a periodistas, el presidente de la Asamblea Nacional rechazó los calificativos de intentos golpistas.
FUENTE: LA HORA ECUADOR
