Cooperativas demandan inconstitucionalidad de Ley de Integridad Pública por “bancarización” forzada
La Ley de Integridad Pública enfrenta una nueva demanda de inconstitucionalidad, esta vez por parte de las cooperativas de ahorro y crédito. La Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse) presentó el recurso legal el 4 de julio, rechazando la pretensión de convertir a algunas de estas entidades en bancos.
La polémica se centra en la disposición transitoria décimo primera de la nueva Ley, cuyo reglamento fue emitido el 22 de julio. Esta disposición establece que la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria tendrá un plazo de tres meses para definir qué cooperativas deberán convertirse en bancos. Sin embargo, según André Benavides, abogado de Asofipse, el plazo para conformar dicha junta vence entre el 26 y 27 de julio de 2027, lo que significa que las cooperativas afectadas no conocerán su destino legal hasta diciembre.
Asofipse no se opone a toda la Ley, reconociendo sus beneficios en materia de seguridad nacional. No obstante, han solicitado a la Corte Constitucional la suspensión de esta disposición transitoria como medida cautelar.
Juan Pablo Guerra, director ejecutivo de Asofipse, expresó la preocupación del sector ante la falta de claridad sobre los requisitos, procesos y posibles sanciones. Argumentó que «no se puede obligar a los más de seis millones de socios que eligieron ser parte del sistema popular y solidario, a pasar a un sistema al que no quieren pertenecer». Guerra enfatizó que convertir una cooperativa en banco destruye pilares fundamentales de su conformación original, como la democracia participativa, donde cada socio tiene el mismo valor independientemente de su capital.
La demanda de Asofipse ante la Corte Constitucional alega que la disposición transitoria viola la Constitución de la República, que garantiza la existencia de un sistema financiero, popular y solidario con identidad y normas propias./C.Barragán
