Gobierno cuestiona decisiones judiciales en casos de alta peligrosidad
La reciente liberación de alias ‘La Muñeca’, señalado como cabecilla de la banda ‘Chone Killers’, ha generado polémica en el país y reavivado el debate sobre la actuación de la Función Judicial en casos de alta peligrosidad. El hombre, capturado durante un operativo militar en Durán por violar el toque de queda, quedó en libertad por orden de un juez debido a falta de pruebas.
Según las autoridades, alias ‘La Muñeca’ registra antecedentes por microtráfico de drogas y defraudación tributaria. Este hecho se suma a otros casos de liberaciones cuestionadas que han motivado al Ministerio del Interior a presentar 21 denuncias contra jueces y fiscales entre 2025 y 2026 en distintas provincias del país, incluyendo Guayas, Pichincha, El Oro y Loja, por presuntamente favorecer a personas involucradas en actividades criminales.
El ministro del Interior, John Reimberg, ha señalado que los operadores de justicia que otorgan decisiones que benefician a personas consideradas de alta peligrosidad están sujetos a acciones legales. “Si un juez decide ayudar a los criminales, es un criminal más y debe pagar las consecuencias como tal, sin ningún tipo de privilegio”, enfatizó.
Entre los casos que han generado mayor controversia se encuentra la liberación de alias ‘Yoker’, recapturado por asesinato tras haber quedado en libertad con medidas sustitutivas el mismo día de su detención en 2025, y la liberación de un sospechoso de robo a un youtuber coreano en Quito. El ministro Reimberg calificó estas decisiones como una traición al país.
El pasado 13 de marzo de 2026, se detuvo al juez de Garantías Penales de Guayaquil, Ángel Tapia, por presunto tráfico de influencias. Según el Ministerio del Interior, esta acción forma parte de una política de control frente a funcionarios judiciales que, a criterio del Ejecutivo, favorecen a estructuras delictivas.
El presidente Daniel Noboa se pronunció sobre el tema: “No vamos a tener paz en Ecuador hasta que no acabemos con los operadores políticos y judiciales que le hacen el juego al crimen organizado”, publicó en su cuenta de X.
El artículo 168 de la Constitución de Ecuador establece que los órganos de la Función Judicial gozan de independencia interna y externa, y cualquier violación a este principio puede derivar en responsabilidad administrativa. Mientras tanto, el país observa con atención cómo se desarrollan estos casos y qué medidas tomarán las autoridades para garantizar transparencia y cumplimiento de la ley.
