Caso Progen: Fiscalía pide prisión preventiva para 10 nuevos vinculados
La Fiscalía General del Estado solicitó prisión preventiva para las 10 personas recientemente vinculadas al caso Progen, investigación que indaga un presunto delito de peculado relacionado con la contratación de generadores eléctricos durante la crisis energética de 2024.
La petición fue presentada este martes 25 de agosto de 2026 ante el juez Rodrigo Sarango, luego de la audiencia de vinculación que se instaló el lunes 24 de agosto en la Corte Nacional de Justicia.
Según informó la Fiscalía, el fiscal general del Estado (e), Leonardo Alarcón, solicitó la medida cautelar para los nuevos procesados con base en los elementos expuestos durante la diligencia.
Con estas nuevas vinculaciones, el proceso judicial alcanza a 31 personas investigadas por el presunto delito de peculado. Entre los nuevos vinculados constan un exintegrante del área jurídica y un exasesor del exministro de Energía Roberto Luque.
La decisión de vincular a estas 10 personas también implica una ampliación de 30 días de la instrucción fiscal, período durante el cual la Fiscalía podrá continuar recopilando elementos y realizando diligencias para esclarecer las presuntas irregularidades investigadas.
¿Qué investiga la Fiscalía en el caso Progen?
El caso se centra en contratos emergentes suscritos durante la crisis energética que atravesó Ecuador en 2024 para la adquisición de generadores eléctricos destinados a las centrales de Salitral y Quevedo.
De acuerdo con la teoría de la Fiscalía, durante los procesos de contratación se habrían omitido o evadido determinados procedimientos con el propósito de favorecer a la empresa Progen.
El Ministerio Público sostiene que las ofertas presentadas por la compañía presuntamente no cumplían con determinadas especificaciones técnicas, económicas y jurídicas requeridas para los contratos.
Uno de los contratos investigados corresponde a la central Salitral, por un monto de USD 99,4 millones, mientras que el contrato relacionado con Quevedo alcanzó los USD 49,7 millones.
Fiscalía también investiga el desembolso de anticipos. Según su versión, se habría entregado aproximadamente el 70 % del valor contractual, equivalente a unos USD 104,37 millones.
La investigación sostiene que los generadores entregados presuntamente no cumplían con las condiciones establecidas en los contratos y que, además, no llegaron a entrar en funcionamiento.
La situación jurídica de los nuevos vinculados
La solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía deberá ser analizada y resuelta por el juez Rodrigo Sarango. La medida, de ser aceptada, implicaría que los 10 nuevos procesados permanezcan privados de libertad mientras avanza el proceso, bajo las condiciones que determine la autoridad judicial.
La vinculación, por sí sola, no determina responsabilidad penal. Los investigados mantienen su derecho a la defensa y será durante el desarrollo del proceso judicial que se establecerá si existen elementos suficientes para determinar responsabilidades.
Mientras tanto, la ampliación de la instrucción fiscal permitirá que el Ministerio Público continúe con la investigación y profundice en la participación que habría tenido cada uno de los 31 procesados dentro de los contratos analizados.
El caso Progen se mantiene así como una de las investigaciones relacionadas con las decisiones adoptadas durante la crisis energética de 2024, particularmente por los contratos destinados a incorporar generación eléctrica para enfrentar el déficit de energía que afectaba al país.
