Asesinato en Quito: un policía murió tras recibir 11 heridas y tres personas son procesadas
El crimen ocurrió en una licorería del sector de Rancho Alto, en el norte de la capital. Un hombre adulto recibió prisión preventiva, mientras que dos adolescentes, de 13 y 15 años, quedaron bajo internamiento preventivo. La Fiscalía investiga la presunta participación de los tres en la muerte del sargento segundo de la Policía Nacional.
Dos procesos judiciales se iniciaron tras el asesinato de un sargento segundo de la Policía Nacional, ocurrido en una licorería del sector de Rancho Alto, en el norte de Quito. Por este caso, Segundo Ramón M. C. recibió orden de prisión preventiva, mientras que su hijo, de 13 años, y su sobrino, de 15, fueron sujetos a internamiento preventivo.
De acuerdo con la información del proceso, el policía se encontraba vestido de civil cuando ocurrió el ataque. La víctima sufrió 11 lesiones provocadas presuntamente con objetos punzocortantes y mediante golpes contundentes, heridas que le causaron la muerte.
Rastros de sangre condujeron a los investigadores hasta una licorería
Tras conocerse el hecho, los equipos policiales iniciaron las diligencias para esclarecer las circunstancias del crimen. Entre las primeras acciones estuvo la revisión de las cámaras de seguridad del sector, con el objetivo de reconstruir los movimientos previos y posteriores al ataque.
Durante las inspecciones, los uniformados localizaron rastros de sangre en una vía pública. El recorrido de estas huellas los condujo hasta el interior de un establecimiento de expendio de bebidas alcohólicas, donde también se encontraron indicios hemáticos en el suelo.
La persona encargada de administrar el negocio rindió su testimonio ante las autoridades e identificó a Segundo Ramón M. C. y a los dos adolescentes como presuntos involucrados en la agresión.
Una discusión habría desencadenado el ataque
Según la hipótesis expuesta en el proceso judicial, el hecho se habría originado durante una discusión en el establecimiento comercial.
La investigación sostiene que el adulto habría utilizado un arma cortopunzante para atacar al policía, mientras que los dos adolescentes presuntamente lo golpearon con cascos de motocicleta.
Las agresiones habrían provocado las 11 lesiones identificadas en el cuerpo de la víctima. Sin embargo, la participación individual de cada procesado deberá establecerse durante el desarrollo de las investigaciones y el proceso judicial.
Allanamientos permitieron localizar a los sospechosos
Como parte de las diligencias, las autoridades ubicaron inicialmente al adolescente de 13 años mediante una intervención en un inmueble de Rancho Alto.
En esa vivienda se incautaron municiones, prendas de vestir y otros elementos que, según los investigadores, estarían relacionados con las pericias del caso.
Posteriormente, unidades especializadas intervinieron una segunda vivienda ubicada en la parroquia de San Juan de Calderón, donde fue localizado y aprehendido el adolescente de 15 años.
Por su parte, Segundo Ramón M. C. acudió voluntariamente a las instalaciones de la Unidad de Flagrancia para entregarse. De acuerdo con el parte policial citado en la información del caso, el hombre reconoció haber agredido físicamente al servidor policial.
Estos elementos forman parte de las diligencias investigativas y deberán ser valorados dentro del procedimiento judicial correspondiente.
Dos procesos judiciales y 30 días de instrucción fiscal
La causa se tramita mediante procedimiento penal ordinario. Según la información proporcionada, tanto el proceso contra el adulto como el correspondiente a los adolescentes tendrán un período de instrucción fiscal de 30 días, durante el cual se recopilarán elementos para sustentar las respectivas investigaciones.
La Fiscalía formuló cargos por el presunto delito de asesinato, contemplado en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La imputación invoca los numerales 2 y 10 de esa disposición: el primero, relacionado con colocar a la víctima en situación de indefensión o aprovecharse de ella; y el segundo, referente a delitos cometidos contra integrantes de la Policía Nacional, entre otras personas protegidas por la norma, por asuntos relacionados con sus funciones.
La información del caso señala que la formulación de cargos se sustentó en informes técnicos de los agentes que participaron en las aprehensiones y en declaraciones juramentadas de personas que habrían presenciado la confrontación.
El artículo 140 del COIP contempla una pena de 22 a 26 años de privación de libertad para el delito de asesinato, sin perjuicio de las circunstancias específicas que deban analizarse en cada caso y de las disposiciones aplicables a los procesados adolescentes.
La investigación busca determinar las responsabilidades
Con las medidas cautelares dictadas, el proceso continúa mientras las autoridades reúnen y examinan los elementos relacionados con el asesinato del policía.
La prisión preventiva impuesta al adulto y el internamiento preventivo dispuesto para los adolescentes son medidas cautelares y no equivalen a una sentencia condenatoria. La responsabilidad penal de los procesados deberá determinarse conforme a la ley y mediante las decisiones judiciales correspondientes.
El caso permanece en investigación para esclarecer cómo se produjo el ataque y establecer la participación que habría tenido cada uno de los involucrados.
