Llano Grande bajo investigación: comuneros piden a la Fiscalía respetar la justicia indígena en el caso G&M
Integrantes de la comisión Llano Grande Sin Contaminación, perteneciente a la comuna Llano Grande, cuestionan la investigación abierta en su contra por el presunto delito de fraude procesal, en el marco de un proceso relacionado con la justicia indígena y la empresa G&M Tratamiento Integral de Desechos.
Durante una rueda de prensa, los integrantes de la comisión señalaron que su participación en este proceso respondió a una disposición de la asamblea comunitaria y tuvo como propósito documentar las denuncias de los habitantes sobre posibles afectaciones ambientales, así como defender el derecho colectivo a vivir en un ambiente sano.
Uno de los puntos que recalcaron fue el reconocimiento constitucional de la justicia indígena. En ese sentido, citaron el artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador, que establece:
“Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres”.
Los representantes de la comisión sostienen que este reconocimiento constitucional debe ser considerado al analizar las actuaciones desarrolladas en el ámbito comunitario. Por ello, solicitan que se tome en cuenta el contexto social, cultural y organizativo en el que ocurrieron los hechos investigados.
Ante esta situación, la comuna pide a la Fiscalía que aplique el diálogo y la interpretación intercultural, considerando la organización comunitaria, las decisiones adoptadas en asamblea y las formas propias de participación colectiva, dentro del marco de los derechos reconocidos a las comunas y pueblos indígenas.
Asimismo, insisten en que las actuaciones judiciales deben garantizar el respeto a los derechos colectivos y al debido proceso, sin desconocer el marco constitucional que reconoce las funciones jurisdiccionales de las autoridades indígenas bajo las condiciones previstas en la propia Constitución.
El caso se desarrolla en medio de cuestionamientos de los integrantes de la comisión sobre la investigación por presunto fraude procesal. Las denuncias relacionadas con posibles afectaciones ambientales forman parte del contexto expuesto por los comuneros y deberán ser contrastadas con la información de las partes involucradas. La apertura de una investigación no determina por sí misma la responsabilidad penal de las personas investigadas.
