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¡Allanan casa de exjuez anticorrupción!: Fiscalía investiga a Renán Andrade por presunto enriquecimiento ilícito

El operativo se realizó la madrugada del martes 20 de octubre en Quito, pero los agentes no encontraron al magistrado en su domicilio. La Fiscalía sostiene que habría existido una posible filtración de información, mientras Andrade afirma que el caso sería una retaliación por sus acciones ante la Corte Constitucional.

El domicilio de Renán Andrade, exjuez de la Unidad Anticorrupción y actual juez penal, fue allanado la madrugada del martes 20 de octubre de 2026 en Quito, como parte de una investigación previa por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Durante el operativo, las autoridades no encontraron al magistrado en la vivienda.

La diligencia forma parte de las actuaciones impulsadas por la Fiscalía para investigar posibles irregularidades patrimoniales atribuidas al funcionario judicial. Sin embargo, el caso también ha generado cuestionamientos por las circunstancias en las que se desarrolló el operativo y por las declaraciones del propio Andrade, quien sostiene que la investigación tendría motivaciones de represalia.

Fiscalía sospecha de una posible filtración de informaciónEl fiscal provincial de Pichincha, Darwin Jaramillo, señaló que existirían indicios de una posible filtración de información que habría permitido que Andrade saliera de su domicilio antes de la llegada de los agentes.

En un comunicado, la Fiscalía indicó que existirían elementos para presumir que el juez habría apagado su teléfono horas antes del operativo y abandonado el inmueble aproximadamente diez minutos antes de que se emitiera la providencia correspondiente.

Estas circunstancias forman parte de los elementos que deberán ser examinados por las autoridades para establecer cómo se desarrolló la diligencia y si existió una filtración que afectara el procedimiento.

La Fiscalía informó, además, que solicitó a la autoridad judicial que se fijen fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos contra Andrade. Esta diligencia permitirá que la institución exponga formalmente los cargos que pretende formular en el marco del proceso penal.

Hasta el momento, la investigación se encuentra relacionada con el presunto delito de enriquecimiento ilícito. La existencia de una investigación previa o la solicitud de una audiencia no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.

Renán Andrade denuncia una posible retaliaciónPor su parte, Renán Andrade se pronunció mediante un comunicado en el que cuestionó el contexto de la investigación y afirmó que podría tratarse de una retaliación relacionada con sus actuaciones ante la Corte Constitucional.

Según el magistrado, la presunta represalia estaría vinculada con la presentación de un recurso ante ese organismo para dejar sin efecto la disolución de la Unidad Anticorrupción, dependencia en la que trabajó hasta hace poco.

En el documento, Andrade manifestó su preocupación por lo que considera un intento de relacionar el desacuerdo con decisiones institucionales con posibles actos de corrupción o vínculos con estructuras delictivas.

De esta manera, mientras la Fiscalía sostiene que existen indicios que justifican continuar con las diligencias investigativas, el juez cuestiona el origen y la motivación del procedimiento.

Un caso con dos versiones

El allanamiento del domicilio de Andrade abre una nueva etapa en una investigación que deberá esclarecer tanto las presuntas irregularidades patrimoniales como las circunstancias que impidieron localizar al magistrado durante el operativo.

Por una parte, la Fiscalía busca avanzar hacia la formulación de cargos por presunto enriquecimiento ilícito y ha señalado la posibilidad de que se haya filtrado información sobre la diligencia. Por otra, Andrade sostiene que las actuaciones en su contra podrían estar relacionadas con su posición frente a la disolución de la Unidad Anticorrupción.

Corresponderá a las autoridades competentes verificar los indicios, determinar si existen elementos suficientes para formular cargos y esclarecer las circunstancias del allanamiento.

Mientras se desarrollan las actuaciones judiciales, el caso debe analizarse bajo el principio de presunción de inocencia, pues las sospechas y acusaciones expuestas aún deben ser examinadas dentro del debido proceso.

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