Denuncia contra Pabel Muñoz: investigan presuntos cobros a funcionarios municipales y un posible vínculo con la reelección
Una denuncia presentada por el exconsejero Juan Esteban Guarderas señala al alcalde de Quito por presunta concusión y cohecho. La Fundación Lucha Anticorrupción asegura que existen testimonios y archivos que deben ser verificados, mientras la defensa del alcalde cuestiona el sustento de las acusaciones y advierte un posible trasfondo político.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, enfrenta una denuncia por los presuntos delitos de concusión y cohecho, relacionada con supuestos cobros de contribuciones económicas a funcionarios municipales. La acción fue presentada por Juan Esteban Guarderas, exconsejero de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), y cuenta con el respaldo de Pablo Sempértegui, presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción.
El caso fue expuesto en una entrevista en el programa Contacto Directo, de Ecuavisa, en la que Sempértegui explicó los elementos que, según afirmó, sustentan la denuncia. En el mismo espacio participó el abogado Mauro Andino, designado como vocero del alcalde para la entrevista, quien rechazó los señalamientos y cuestionó tanto las pruebas mencionadas como las motivaciones de los denunciantes.
¿Cómo habrían operado los presuntos cobros?
Según Sempértegui, la investigación que dio origen a la denuncia comenzó aproximadamente tres meses antes de su presentación, a partir de testimonios de funcionarios de la Empresa de Pasajeros de Quito que presuntamente habrían recibido presiones para entregar dinero bajo amenazas de perder sus empleos.
El representante de la Fundación Lucha Anticorrupción aseguró que los pagos no habrían sido aportes voluntarios, sino contribuciones exigidas a trabajadores que ocupaban cargos jerárquicos dentro de la entidad municipal.
“Estas personas empezaron a hacer referencias de que habían sido vacunadas extorsivamente bajo pena de amenaza de despido”, manifestó Sempértegui durante la entrevista.
De acuerdo con su versión, los supuestos cobros habrían sido canalizados a través de determinados funcionarios. No obstante, la naturaleza de los pagos, las personas que presuntamente los exigieron y el eventual destino del dinero son aspectos que deben ser esclarecidos mediante la investigación correspondiente.
De USD 80 a USD 120 mensuales: las cifras mencionadas
Sempértegui señaló que las contribuciones individuales habrían oscilado entre USD 80 y USD 120 mensuales, dependiendo del cargo ocupado por cada funcionario.
Como ejemplo, planteó un cálculo basado en 42 funcionarios de nivel jerárquico superior y un aporte promedio de USD 100 mensuales. Bajo ese supuesto, la recaudación de ese grupo ascendería a aproximadamente USD 4.200 al mes.
Durante la entrevista también se mencionó una cifra cercana a USD 1 millón, obtenida a partir de estimaciones que incluirían a un universo más amplio de trabajadores municipales. Sin embargo, Sempértegui diferenció esos cálculos generales de los valores que aseguró tener documentados.
El representante de la organización sostuvo, además, que los montos acumulados que presuntamente habría entregado cada funcionario variarían entre USD 1.500 y USD 2.700, dependiendo del tiempo que hubiera permanecido en su puesto.
Estas cifras corresponden a los cálculos y señalamientos expuestos por Sempértegui y no constituyen, por sí mismas, montos establecidos judicialmente.
Testimonios, chats, audios y videos: ¿qué pruebas se han mencionado?
El presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción afirmó que, junto con la denuncia, se entregaron testimonios, conversaciones, audios, videos y otros archivos que, a su criterio, respaldarían los señalamientos.
También mencionó cuatro testimonios directos y otros cuatro posibles testimonios adicionales. Según explicó, se habría contactado a más personas que presuntamente atravesaron situaciones similares en otras entidades municipales, algunas de las cuales estarían dispuestas a declarar ante las autoridades.
Sin embargo, el propio Sempértegui señaló que corresponde a la Fiscalía General del Estado realizar las pericias informáticas necesarias para verificar la autenticidad de los archivos y determinar su pertinencia dentro de la investigación.
La existencia de mensajes, grabaciones o testimonios no determina automáticamente la responsabilidad de una persona. Su contenido, autenticidad, contexto y relación con los hechos denunciados deben ser examinados por las autoridades competentes.
La presunta relación con la campaña de reelección
Uno de los principales señalamientos expuestos por Sempértegui es que los recursos supuestamente recaudados habrían tenido como destino la campaña de reelección de Pabel Muñoz.
Según el representante de la Fundación Lucha Anticorrupción, los testimonios y otros elementos recopilados apuntarían a esa posible finalidad. No obstante, durante la entrevista también se planteó la necesidad de establecer la ruta del dinero y verificar si existen movimientos financieros u otros registros que respalden esa hipótesis.
La eventual conexión entre los presuntos cobros y una campaña electoral constituye uno de los puntos centrales que deberá ser comprobado. Con la información expuesta públicamente no corresponde dar por establecido que el alcalde haya ordenado, recibido o destinado recursos provenientes de los pagos denunciados.
Mauro Andino cuestiona la denuncia y las pruebas
Durante su intervención en Contacto Directo, Mauro Andino, vocero del alcalde para la entrevista, sostuvo que la denuncia tendría un componente político y que, a su criterio, los elementos mencionados no demostrarían la existencia de una infracción penal ni la responsabilidad de Muñoz.
“Esta denuncia tiene un altísimo componente político que no resiste el más mínimo argumento jurídico”, afirmó.
Andino cuestionó que se divulgaran públicamente detalles del caso mientras la investigación se encuentra en una fase previa. También sostuvo que los chats, audios y testimonios deben ser sometidos a verificaciones para determinar si son auténticos, si fueron modificados y si efectivamente corresponden a los hechos denunciados.
El abogado señaló que las pericias informáticas deben complementarse con otros elementos, como transferencias bancarias, movimientos económicos y registros que permitan identificar el origen y el destino de los recursos.
Asimismo, cuestionó que se vincule directamente al alcalde con los supuestos cobros sin que, según su postura, se haya demostrado que Muñoz los ordenó, exigió o recibió personalmente.
“Habrá que contrastar que lo que dicen en esos testimonios periodísticos se puede sustentar con la ruta del dinero”, manifestó.
De esta manera, mientras los denunciantes consideran que los testimonios y archivos justifican que se investigue el caso, el vocero del alcalde sostiene que esos elementos deben ser contrastados antes de atribuir responsabilidades.
¿Aportes voluntarios o pagos bajo presión?
Otro punto de controversia es la naturaleza de las contribuciones económicas que presuntamente habrían entregado los funcionarios municipales.
Sempértegui sostiene que los pagos no habrían sido voluntarios, sino que se habrían realizado por temor a perder los puestos de trabajo. De confirmarse mediante pruebas, las presuntas amenazas constituirían un aspecto relevante para determinar la naturaleza de los hechos investigados.
Andino, por su parte, argumentó que las organizaciones políticas pueden recibir aportes voluntarios conforme a las disposiciones del Código de la Democracia. Durante la entrevista, citó esa normativa para respaldar su planteamiento y mencionó contribuciones realizadas por funcionarios públicos a campañas electorales.
Sin embargo, la posibilidad legal de efectuar aportes políticos no permite concluir que los pagos denunciados hayan sido voluntarios. De igual manera, las afirmaciones sobre presiones o amenazas deben ser verificadas y no pueden considerarse probadas únicamente a partir de los testimonios difundidos.
La investigación deberá establecer si existieron contribuciones, bajo qué condiciones se habrían entregado, quiénes habrían intervenido y si los hechos se ajustan a alguna de las conductas previstas en la legislación penal.
¿Existe un trasfondo electoral?
Las motivaciones de la denuncia también generaron un enfrentamiento entre las dos posiciones expuestas en la entrevista.
Sempértegui explicó que la presentación de la denuncia se produjo después de recopilar testimonios y otros indicios. Atribuyó el tiempo transcurrido al temor que, según dijo, tenían algunos trabajadores de sufrir represalias. Además, pidió a la Fiscalía y a la Policía Nacional que adopten medidas para proteger a las personas que pudieran colaborar con la investigación.
Andino, en cambio, sostuvo que la denuncia tendría como objetivo afectar la participación electoral del alcalde. Según su argumento, un proceso penal podría prolongarse durante años, mientras que una eventual controversia ante el Tribunal Contencioso Electoral podría tener consecuencias sobre los derechos políticos de Muñoz.
El abogado cuestionó que, a su criterio, se intente trasladar a los tribunales una disputa que debería resolverse en las urnas.
Estas declaraciones reflejan dos interpretaciones contrapuestas: por un lado, los denunciantes aseguran que buscan esclarecer presuntos hechos de corrupción; por otro, el vocero del alcalde considera que la acción tendría una motivación política. Ninguna de estas posiciones demuestra por sí sola la motivación real de la denuncia, que deberá analizarse a partir de los elementos disponibles.
¿Qué debe esclarecer la Fiscalía?
El desarrollo de la investigación será determinante para establecer si existen elementos suficientes que respalden los señalamientos. Entre los aspectos que requieren verificación están la autenticidad de los archivos entregados, la consistencia de los testimonios, la posible existencia de presiones sobre los trabajadores y la trazabilidad de los recursos que presuntamente se habrían recaudado.
También será necesario determinar si existe evidencia que vincule directamente a las personas señaladas con los supuestos cobros y con el eventual destino de los fondos.
Por ahora, las declaraciones difundidas en la entrevista corresponden a las versiones de los involucrados. Los montos mencionados, la presunta relación con la campaña electoral y las acusaciones sobre amenazas requieren corroboración mediante los procedimientos legales correspondientes.
El caso abre interrogantes sobre los mecanismos de recaudación dentro de las instituciones municipales y el posible uso de recursos en el ámbito electoral. Sin embargo, la responsabilidad de Pabel Muñoz o de otros funcionarios no puede darse por establecida a partir de una denuncia.
La Fiscalía deberá determinar si los hechos denunciados configuran delitos y si existen elementos suficientes para avanzar en el proceso. Mientras tanto, corresponde respetar la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el debido proceso de todas las personas involucradas.
