¡Caso bajo presión!: Fiscalía pide prisión preventiva para el alcalde de Vinces y otros 10 procesados
La Fiscalía investiga un presunto esquema de lavado de activos que habría movilizado USD 3,22 millones entre 2019 y 2026. En el caso también están involucradas otras personas y se analizan posibles vínculos financieros con estructuras delictivas.
La Fiscalía General del Estado solicitó prisión preventiva para el alcalde de Vinces, Juan Alfonso Montalván Cerezo, y otros 10 procesados por su presunta participación en el delito de lavado de activos. El pedido se presentó durante la audiencia de formulación de cargos, desarrollada tras un operativo ejecutado en tres provincias y en dependencias del Municipio de Vinces.
Para una duodécima procesada, identificada como Juana C., la Fiscalía solicitó medidas alternativas a la prisión debido a su condición de adulta mayor. La decisión final sobre las medidas cautelares corresponde al juez que conoce la causa.
La investigación se originó en presuntos movimientos económicos irregulares que, según la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), alcanzarían aproximadamente USD 3,22 millones entre 2019 y 2026.
Veinte allanamientos en tres provincias
El operativo se ejecutó durante la madrugada del miércoles 28 de octubre de 2026 en las provincias de Los Ríos, Azuay y Guayas. Las intervenciones incluyeron domicilios particulares y oficinas del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Vinces.
Como resultado de las diligencias, las autoridades reportaron inicialmente 16 personas aprehendidas. De ese grupo, cuatro quedaron bajo investigación, mientras que la Fiscalía formuló cargos contra 12 personas.
Durante los allanamientos, los agentes incautaron documentación física y digital, equipos electrónicos, computadoras, dos armas de fuego, seis vehículos y dinero en efectivo, cuyo monto todavía debía ser cuantificado.
Estos elementos serán analizados como parte de las investigaciones para determinar el origen de los recursos, las operaciones realizadas y la posible responsabilidad de los involucrados.
La empresa investigada y los movimientos económicosDe acuerdo con las indagaciones de la Fiscalía y la UAFE, la empresa Constructora Aldrensa S. A. habría sido utilizada como una supuesta fachada para canalizar dinero de origen ilícito hacia el sistema financiero nacional.
Los investigadores examinan movimientos económicos registrados entre 2019 y 2026 que sumarían alrededor de USD 3,22 millones. Según la hipótesis investigativa, estas operaciones habrían contribuido a un incremento patrimonial mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles.
Las autoridades también investigan bienes que estarían registrados a nombre del alcalde, de integrantes de su entorno familiar y de socios comerciales. Sin embargo, estos señalamientos forman parte de la investigación y deberán ser sustentados dentro del proceso judicial.
Posibles conexiones con otras investigacionesLos informes de inteligencia citados en el caso señalan presuntas conexiones financieras con personas investigadas por narcotráfico, tráfico de armas y delincuencia organizada.
Asimismo, las indagaciones apuntarían a posibles vínculos con los casos Metástasis, Narcofiesta y Gran Fénix Cantabria, además de supuestas conexiones con las organizaciones delictivas Los Choneros y Los Lobos.
Estas posibles relaciones deberán ser verificadas por las autoridades competentes. La mención de otros casos o estructuras criminales dentro de una investigación no demuestra, por sí sola, la responsabilidad penal de los procesados.
¿Qué sigue en el proceso judicial?
Con la formulación de cargos, la Fiscalía expone los elementos que sustentan su investigación y solicita las medidas cautelares que considera necesarias. En este caso, el Ministerio Público pidió prisión preventiva para 11 procesados y medidas alternativas para la duodécima implicada.
El juez deberá resolver si acepta o no las medidas solicitadas, considerando los elementos presentados y las disposiciones legales aplicables.
Mientras avanza el proceso, la investigación buscará esclarecer el origen y destino de los recursos, la participación de cada procesado y la existencia de posibles operaciones de lavado de activos.
El caso mantiene bajo investigación al alcalde de Vinces y a otras personas por presuntas operaciones financieras irregulares. Hasta que exista una sentencia condenatoria ejecutoriada, todos los procesados conservan la presunción de inocencia.
