Fiscalía allana 13 empresas por presunto lavado de activos vinculado a contratos de insumos médicos
Los operativos se ejecutaron en Samborondón y Durán. La investigación se relaciona con una trama de contratación hospitalaria que dejó sentenciados, mientras dos presuntos líderes permanecen prófugos.
La Fiscalía General del Estado ejecutó la mañana de este jueves 19 de noviembre allanamientos en la vivienda de una persona identificada como alias “V”, en Samborondón, y en las oficinas de 13 empresas vinculadas a contratos para la provisión de insumos médicos. Los operativos se realizaron en ocho compañías ubicadas en Durán y cinco en Samborondón, como parte de una investigación previa por presunto lavado de activos.
Según información de la Fiscalía, varias de estas empresas, además de estar relacionadas con la comercialización de insumos médicos, se dedicarían al alquiler y compraventa de inmuebles, así como a la organización de eventos.
La investigación por lavado de activos estaría relacionada con una causa iniciada en 2020 por presunta delincuencia organizada, en la que se indaga una red que habría obtenido pagos de hospitales públicos mediante contratos y mecanismos de adquisición de insumos médicos.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha revelado la identidad de alias “V”, los nombres de las compañías intervenidas ni ha informado sobre posibles detenidos. Al tratarse de una investigación en fase previa, todavía no existen personas procesadas por este nuevo expediente.
Una trama de contratos hospitalarios que ya dejó sentenciados
La causa por delincuencia organizada se centra en presuntas irregularidades registradas entre 2015 y 2020 en los hospitales Teodoro Maldonado Carbo y Los Ceibos, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en Guayaquil.
De acuerdo con la Fiscalía, la red habría utilizado convenios de pago, un mecanismo excepcional destinado a cancelar bienes entregados sin un contrato previo, además de compras de menor cuantía que presuntamente se dividían para evitar procesos de subasta inversa.
El IESS estimó un perjuicio económico de USD 22,8 millones. Sin embargo, durante el proceso judicial, el tribunal señaló que ese monto no fue acreditado mediante peritajes.
En diciembre de 2025, un Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil condenó a siete años de prisión a Daniel Salcedo, Noé Salcedo y otros dos procesados, en calidad de colaboradores de la red. En la misma sentencia, ratificó la inocencia de otros cuatro implicados, entre ellos el expresidente del Directorio del IESS, Paúl Granda, y Jacobo Bucaram.
La Fiscalía y los sentenciados apelaron la resolución. La revisión del fallo está prevista para el 29 de diciembre de 2026, ante la Corte Provincial del Guayas.
Dos presuntos líderes siguen fuera del proceso
Pablo Jorge Mendoza y Xavier Jordán no fueron juzgados en ese proceso, debido a que permanecen prófugos. La legislación ecuatoriana no permite juzgar en ausencia a una persona por el delito de delincuencia organizada, por lo que la causa en su contra quedó suspendida.
Según las investigaciones, Mendoza habría sido gerente general de Biosalud S.A., empresa que suscribió convenios de pago con los hospitales involucrados. La Fiscalía lo identificó como presunto líder financiero de la organización.
Por su parte, Xavier Jordán habría firmado convenios a través de la empresa Raismonel S.A. con el hospital Teodoro Maldonado Carbo durante 2017 y 2018.
En julio de 2025, Daniel Salcedo mencionó a ambos durante una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. En esa intervención aseguró que había hecho negocios con Jordán y que se utilizaban empresas vinculadas a Mendoza. También describió presuntas prácticas para direccionar la adquisición de insumos hospitalarios mediante especificaciones que favorecerían a determinados proveedores. Salcedo reconoció, sin embargo, que no podía demostrar todas sus afirmaciones.
La situación de Xavier Jordán en Estados Unidos
Jordán salió de Ecuador en 2020. Según la información difundida, fue detenido el 16 de septiembre de 2026 por agentes migratorios en Doral, Florida, y permanece recluido en el Centro Correccional de Winn, en Luisiana, de acuerdo con el localizador del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
El ministro del Interior, John Reimberg, informó en octubre que a Jordán se le negó el asilo y que se esperaba una audiencia para avanzar en un eventual proceso de deportación.
En cuanto a Pablo Mendoza, hasta el momento no existe información pública confirmada sobre su paradero.
Los nuevos allanamientos buscan recabar elementos dentro de la investigación por presunto lavado de activos y determinar si las empresas intervenidas y sus actividades comerciales guardan relación con los hechos investigados en la trama de contratación de insumos médicos.

