Concejo metropolitano busca regular a los repartidores de servicios de delivery
El Concejo Metropolitano de Quito trató en primer debate el proyecto que busca regular y controlar el servicio de entregas a domicilio (delivery).
La propuesta reúne los proyectos presentados por el alcalde Pabel Muñoz (Revolución Ciudadana) y la concejala Analía Ledesma (Izquierda Democrática).
En conversación con EL COMERCIO, la concejala proponente explicó cuáles son los principales objetivos que persigue este proyecto y cuáles son las obligaciones y derechos que tendrían las personas dedicadas a este servicio.
Registro e identificación de los repartidores
Ledesma comentó que su propuesta presentada en 2020 busca principalmente formar el registro de prestadores del servicio de delivery.
“Esto significa que quienes están inscritos en dicha base pueden realizar la entrega a domicilio, se encuentren afiliados a una plataforma o no”, afirmó.
Con este primer paso se lograría carnetizar a los repartidores a través de su registro público.
“El registro implica que tanto personas como vehículos sean identificables, lo que permite que los usuarios del servicio diferencien claramente quienes tienen habilitación en la ciudad y quiénes no”, enfatizó la concejal.
Repartidores tendrían ciertas obligaciones que cumplir
La normativa en discusión establece que los repartidores tendrán que tramitar el permiso con la presentación de algunos documentos, entre ellos: cédula de identidad o pasaporte, matrícula del vehículo; comprobante de servicio básico; certificado de no adeudar al Municipio de Quito y el pago de una tarifa anual.
Este último requisito provocó el debate entre los concejales y el alcalde. El burgomaestre propone que los repartidores paguen el 2,5% de un Salario Básico Unificado (SBU), es decir, 11,50 dólares.
Sin embargo, Analía Ledesma no concuerda con este cobro, ella sugiere que el valor debe ser asumido por las grandes empresas de delivery y no por los trabajadores.
La entidad encargada de este registro será la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la cual emitirá el certificado con vigencia de un año y una credencial con un código QR y la foto del repartidor.
“Con este registro se pretende que solo puedan realizar el servicio quienes tengan la habilitación municipal y sean totalmente identificables para los usuarios”, detalló Ledesma.
Otras obligaciones
Además del proceso de identificación y registro, los repartidos tendrían que cumplir con otras obligaciones, entre ellas:
- Portar las identificaciones a todo lado;
- Quitarse el casco al momento de retirar y entregar los productos;
- Cumplir con las normas de tránsito y seguridad vial
Recolección de datos es urgente
Al consultarle sobre datos actuales de los repartidores a domicilio en Quito, la edil explicó que, justamente, ese es uno de los problemas de no tener un registro claro de la actividad, la ausencia de una data actualizada que refleje información como: el total de repartidores, el porcentaje de su crecimiento y los valores que perciben mensualmente.
“No se tiene esa data, es por eso mi propuesta de ordenanza para regularizar este servicio y tener un mayor control de quiénes están detrás de este servicio”, comentó.
Sin embargo, el último dato que se tiene por parte de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana (Citec) da cuentas que para 2023, existían un promedio de 8 000 repartidores activos en Quito.
Mientras que a escala nacional, hasta 2022, se estimó que al menos 23 500 personas realizaban esta actividad a través de dos de las tantas plataformas que están disponibles en el país.
Regulación beneficiaría a la seguridad
María Fernanda Racines (Revolución Ciudadana), vicealcaldesa de Quito y presidenta de la Comisión de Movilidad, indicó que la ordenanza se enfoca en las competencias de tránsito y de seguridad vial, así como en la seguridad de la ciudad.
Coincide con ella Ledesma, pues considera que este proyecto controlorá de alguna forma la inseguridad en la capital.
“Vemos que las cifras de presuntos actos delictivos en la capital han incrementado, es por eso que la ordenanza busca aportar a la seguridad y reactivar la economía, pero, de manera ordenada”, comentó.
Luego del primer debate en el Concejo, la Comisión de Movilidad tratará las observaciones presentadas por los concejales.
Se espera que en uno o dos meses, el proyecto pase a segundo debate para ser aprobado o rechazado.
“Es importante que se asegure una amplia participación de los interesados ante las críticas que ha levantado el proyecto, que podrían ser absueltas en mesas de trabajo“, finalizó la concejala.
Fuente: Diario Metro
