La crisis política en Venezuela ¿podría provocar un nuevo éxodo a Ecuador?
El pasado 23 de agosto, el presidente Daniel Noboa suscribió el Decreto 370 con el cual otorgará amnistía migratoria y realizará un proceso extraordinario de regularización a migrantes venezolanos en Ecuador.
Esto significa que no se cobrará una multa a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en irregularidad migratoria, es decir, que no obtuvieron visa. Mientras que el proceso extraordinario de regularización se refiere a una visa extraordinaria que no está en el listado ordinario de visas que ya establece el Ecuador.
Según las estimaciones del Gobierno, esta iniciativa ayuda a unas 100 mil personas, ya que el actual proceso de regularización beneficiará a miles de personas que se inscribieron en el proceso anterior, en 2022, y que no pudieron completar los pasos necesarios para para obtener su visa.
En esa ocasión, muchas personas no pudieron regularizar su condición debido a obstáculos prácticos para reunir los requisitos, como presentar la documentación necesaria como pasaportes o documentos nacionales de identidad vigentes, incluso hubo quienes no pudieron costear los trámites administrativos.
Por ello, el proceso permitirá que aquellos venezolanos que se encuentra en el país en situación irregular accedan a la visa denominada Residencia Temporal de Excepción, que inicialmente tiene una duración de dos años y puede ser renovada por dos más.
En el tramite actual, Ecuador tiene como objetivo permitir que los venezolanos presenten su solicitud utilizando documentos nacionales de identidad y pasaportes vencidos desde hace hasta cinco años.
Esto ha ocasionado que organización internacionales como OIM y ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, acogieron con satisfacción el decreto presidencial de Ecuador, país que acoge a la quinta población de refugiados y migrantes de Venezuela más grande en las Américas.
“Esta iniciativa ayudará a miles de personas a salir de la sombra de la irregularidad, superar las importantes barreras que suponen años de falta de documentación y contribuir finalmente a sus comunidades de acogida”, declaró el Dr. Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto de OIM y ACNUR para los Refugiados y Migrantes de Venezuela.
Ahora bien, la situación actual que vive Venezuela tras las elecciones del pasado domingo 28 de julio de 2024, genera tensión política a nivel mundial con varios países y lideres que han calificado como un gran fraude al proceso electoral.
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora de Venezuela, convocó, pasado el mes de los comicios, a manifestarse contra el fallo judicial que ratificó la reelección del presidente Nicolás Maduro.
Los opositores insisten en que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue el verdadero ganador, alegando que las actas electorales prueban su victoria, pero hasta ahora no han logrado que se reconozca legalmente el triunfo que dicen haber obtenido.
Pero la situación ha dado un giro luego de que la Fiscalía General de Venezuela requirió el lunes 2 de septiembre una orden de arresto contra Edmundo González por una investigación en curso que busca determinar quiénes son los responsables de la página web Resultados con VZLA, que publicó las cifras de las elecciones del 28 de julio.
La Fiscalía acusa a González de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, asociación para delinquir y conspiración. González niega todos estos cargos y ha dicho que descarta pedir asilo en alguna embajada.
Adicionalmente, la defensa de González Urrutia, denunció el pasado miércoles4 de septiembre una serie de irregularidades en el proceso judicial en su contra, señalando la violación al derecho fundamental de la presunción de inocencia.
Resultados con VZLA publicó actas de los comicios que mostraban que González había vencido al presidente Nicolás Maduro en numerosas mesas de votación. La PUD dice que obtuvo esas actas a través de sus testigos electorales, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Maduro sin que se hayan publicado las actas desglosadas por mesa de votación.
Y ante esto, González tomó una decisión radical, dejar Venezuela y pedir asilo político a España, tras llegar a Madrid el domingo 8 de septiembre en un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas que aterrizó en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, a las 16:00 hora local.
González viajó acompañado por su esposa y por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Goblales, Diego Martínez Belío. A su llegada indicó que “A partir de ahora, comenzarán los trámites para la petición del asilo, cuyo resolución será favorable en aras del compromiso de España con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos y venezolanas, especialmente de los líderes políticos”.
Esto mientras, el Canciller de Asuntos Exteriores de Países Bajos, Caspar Veldkamp, informó a la Cámara de Representantes de su país que González Urrutia, estuvo alojado en secreto, a pedido del mismo González, en la embajada neerlandesa en Caracas durante más de un mes.
Casi en simultáneo, el gobierno de Maduro revocó su consentimiento para que Brasil custodie la embajada de Argentina en Caracas, donde hay seis opositores refugiados, y fuerzas de seguridad llegaron a rodear temporalmente la sede diplomática.
Algunos tomaron todo esto como un portazo definitivo de Maduro a cualquier posibilidad de negociar una salida a la crisis abierta tras las elecciones del 28 de julio.
Tamara Taraciuk, una experta en Venezuela que dirige el programa de Estado de Derecho en el Diálogo Interamericano, un centro de análisis regional con sede en Washington, cree que todavía puede abrirse una negociación en el país con presión de la comunidad internacional.
“Maduro de alguna manera le hizo un favor a la democracia haciendo las cosas tan mal”, asegura Taraciuk en una entrevista con BBC Mundo, medio al que también les dijo que la salida de Edmundo González de Venezuela es un reflejo de la escalada represiva en Venezuela.
«Hay que entender el contexto en el que ocurre, con más de 2 000 personas detenidas arbitrariamente, más de 25 personas muertas tras las elecciones, con un nivel de Estado policíaco mucho más fuerte de lo que se había visto», dice Tamara Taraciuk, exdirectora para las Américas de Human Rights Watch
Bajo este escenario, el periodista y director del medio venezolano El Pitazo, César Batiz, menciona que las encuestas decían que si Maduro ganaba en un promedio de 18 meses, seis millones de personas preveían salir del país, «yo creo que eso es lo que realmente puede estar pasando», sentencia.
Batiz dice que hay registros de migración masiva que ya se está observando por el lado de Brasil y por el lado de Colombia, «escuché por ahí un dato que en el caso de Brasil son 800 diarios, la información que tengo de Maicao (frontera con Colombia) es empírica (…) la información más clara en el caso de San Antonio y Cúcuta lo puedes encontrar de lado colombiano».
El periodista resalta en temas sociales que «es falso eso de que ha mejorado la economía después de las elecciones» y resalta que hay casi que una paralización económica en su país como se preveía incluso si ganaba la oposición debido a las tensiones que eso iba a generar.
«La salud y la educación siguen igual, pues no hay dinero para invertir en estos sectores», César Batiz, periodista venezolano.
Finalmente, César Batiz no se desalienta ante el futuro, explica que está previsto que para el 10 de enero del 2025 comiencen nuevo periodo «y Maduro todavía no ha podido demostrar que ganó, la oposición ha presentado las actas y el CNE no ha presentado ninguna acta».
No tener los documentos que acrediten el triunfo de Nicolás Maduro, de acuerdo Batiz, resta dignidad al Mandatario que «tiene de espaldas a los gobiernos democráticos del occidente y por otro lado de los gobiernos democráticos de Latinoamérica cada día está más aislado».
«Hay un terrorismo de Estado, hay mucho miedo en la población y por lo tanto ocurre de que la gente que no está contenta con el gobierno de Maduro no salga a protestar como lo hizo los días 29 y 30 de julio», afirma César Batiz, periodista venezolano.
La organizaciones sociales instan a la comunidad internacional, en los ámbitos públicos y privados, a proporcionar apoyo suficiente para las personas refugiadas y migrantes de Venezuela y para las comunidades de acogida, pero los desafíos de eso países han aumentado tras no poder garantizar una mejor situación ni a sus ciudadanos.
Por ello, lo que enfrenta Ecuador, país que ya alberga más de 500 mil personas entre migrantes y refugiados se vuelve un desafío que no podrá enfrentar fácilmente si un nuevo éxodo de venezolanos reinicia próximamente. En 2015 llegaron 106 mil venezolanos a Ecuador, cifra que se disparó un 900 % para 2018, cuando ingresaron 955 mil.
El país ya experimentó un aumento de solicitudes de asilo de colombianos del 86 % entre enero y marzo de 2024 en comparación a 2023, según reportó la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, como consecuencia del recrudecimiento de la violencia en algunas partes de Colombia y otras zonas cercanas a la frontera con Ecuador.
Por lo que, si la situación en Venezuela no logra resolverse, la migración forzada de venezolanos aumentará. Toda una problemática social para países latinoamericanos que han visto como su situación económica se complica, el desempleo aumenta y la inseguridad se dispara.
A pesar de eso, un estudio conjunto publicado a principios de 2024 por el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y ACNUR reveló cómo las personas migrantes y refugiadas son clave para llenar vacíos en los mercados laborales locales y contribuyen al crecimiento de la economía en los países de acogida.
Además, un estudio de la OIM demuestra que la migración regular puede tener un impacto positivo en la recaudación fiscal de los países de acogida, como en Colombia, donde en 2022 las personas refugiadas y migrantes de Venezuela aportaron casi el 2 % de los ingresos fiscales del país.
En Ecuador, donde más de la mitad de las personas desplazadas son jóvenes y adultos entre 18 y 59 años, existen importantes oportunidades para impulsar la inversión y el crecimiento económico. Pero esto solo es alcanzable cuando las personas tienen un estatus regular.
Fuente: Ecuavisa
