POLITICA

Pena máxima para los involucrados en el caso de corrupción denominado Las Torres.

La Fiscalía General del Estado fue notificada con la sentencia escrita del caso Las Torres. De acuerdo con el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, «los hechos probados demuestran que 11 personas (incluido el excontralor Pablo Celi formaron parte de una estructura delictiva para cometer delitos de corrupción y lavado de activos».

«Por lo expuesto, las circunstancias nos permiten considerar que es legal y proporcional –al grado de vulneración de los bienes jurídicos– imponer a los procesados el máximo de la pena prevista para el delito», señala la sentencia.

El fallo detalla que Pablo Celi (excontralor del Estado) y Pablo Flores (exgerente de Petroecuador) son declarados culpables por el delito de delincuencia organizada, como autores directos. Por ello se les imponen 13 años y 4 meses de pena privativa de libertad a cada uno.

Según la Fiscalía, ambos son señalados como líderes de una estructura delictiva que exigía sobornos a una empresa, contratista de Petroecuador, a cambio de desvanecer glosas en la Contraloría y gestionar pagos pendientes en la estatal petrolera.

Otros sentenciados

Natalia Cárdenas y Daniel Orellana, exfuncionarios de la empresa pública Petroecuador, deberán cumplir una pena privativa de libertad de 9 años. Según lo señala el Tribunal, participaron como colaboradores en la comisión del delito de delincuencia organizada.

La sentencia también señala la culpabilidad de seis personas más como colaboradores. Ellos recibieron condena de 7 años de prisión. Mientras que Martha B., por su colaboración eficaz, deberá cumplir 6 meses de prisión.

Además, como reparación al Estado (indemnización), Pablo Celi y Pablo Flores deberán cancelar 250 000 dólares (cada uno). Andrés L., Luis A., Álvaro de G., Silvia L., Ángelo R., José Esteban C. y Martha B., 100 000 dólares cada uno y ofrecer disculpas públicas al pueblo ecuatoriano.

El Tribunal estuvo conformado por los magistrados nacionales Walter Macías, Adrián Rojas y Mauricio Espinosa. La sentencia fue dictada el viernes 10 de febrero del 2023, en las instalaciones de la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito.

Fuente: El Comercio

 

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