Autoridades clausuran dos centros clandestinos de rehabilitación en el sur de Quito
La Agencia Metropolitana de Control (AMC), en coordinación con la Policía Judicial, clausuró dos centros clandestinos de rehabilitación que operaban sin autorización en los sectores de Caupichu y Chillogallo, al sur de la capital.
Las intervenciones se realizaron como parte de los controles permanentes destinados a verificar el cumplimiento de las normativas municipales y las condiciones en las que funcionan establecimientos que ofrecen servicios de tratamiento para personas con problemas de alcoholismo y drogodependencia.
En el operativo efectuado en Caupichu, las autoridades constataron que el establecimiento se presentaba como una casa de acogida para personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, también ofrecía servicios relacionados con procesos de rehabilitación y desintoxicación, por los cuales se cobraban valores económicos a familiares de los usuarios.
Durante la inspección, los funcionarios encontraron a una persona que constaba como desaparecida en registros oficiales. El caso fue puesto inmediatamente en conocimiento de las autoridades competentes para que se desarrollen las investigaciones correspondientes y se esclarezcan las circunstancias de su permanencia en el lugar.
Los inspectores municipales también evidenciaron condiciones consideradas inadecuadas para la atención de los usuarios. Entre las observaciones realizadas constan habitaciones con sobreocupación, camas y colchones deteriorados, así como espacios que no cumplían con estándares mínimos de higiene y seguridad.
Por otra parte, en el establecimiento intervenido en Chillogallo se identificó la presencia de dos menores de edad y varias personas que, según las primeras verificaciones, permanecían retenidas contra su voluntad. Esta situación motivó la activación de procedimientos adicionales para determinar posibles responsabilidades.
De acuerdo con cifras de la AMC, durante 2025 fueron clausurados 24 centros clandestinos de rehabilitación en Quito, más del doble de los registrados en 2024. En lo que va de 2026, las autoridades ya han cerrado diez establecimientos de este tipo.
Según los informes municipales, en varios de estos operativos se han detectado condiciones de hacinamiento, presunto maltrato, espacios insalubres e incluso la presencia de armas y sustancias sujetas a fiscalización.
Las autoridades reiteraron que continuarán realizando controles para garantizar que los centros de rehabilitación operen bajo estándares legales y técnicos que aseguren la protección de los derechos y la integridad de las personas que buscan tratamiento especializado.
