Cinco personas sentenciadas por trata con fines de explotación sexual en Rumiñahui
Un tribunal de justicia sentenció a cinco personas por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, tras determinar su participación en una red que operaba en el cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha.
La decisión judicial fue anunciada este miércoles 20 de mayo de 2026, luego de que la Fiscalía Multicompetente No. 6 de Rumiñahui presentara pruebas y testimonios durante el proceso.
Según la resolución, María del Rosario A. P. fue identificada como autora directa del delito, mientras que Paola Estefanía P. A., Carlos Luis G. V., Ronny Isaac M. R. y José Francisco P. T. fueron sentenciados en calidad de coautores.
El Tribunal dispuso una pena de 25 años y cuatro meses de prisión para los involucrados. Además, ordenó que tres de los sentenciados sean expulsados del territorio ecuatoriano una vez que cumplan la condena.
La sentencia también contempla una multa equivalente a 600 salarios básicos unificados para cada procesado.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó el testimonio anticipado de ocho víctimas, mujeres de entre 21 y 25 años, quienes relataron presuntos mecanismos de control, amenazas y endeudamiento coercitivo utilizados por los responsables.
De acuerdo con las investigaciones, las víctimas identificadas como mujeres migrantes en condición de vulnerabilidad habrían sido sometidas a presiones constantes y amenazas para obligarlas a participar en actividades relacionadas con explotación sexual.
Peritos en psicología, entorno social y contexto también expusieron informes técnicos que evidenciaron relaciones de poder desiguales entre los procesados y las víctimas.
Además, informes contables incorporados al expediente judicial revelaron registros económicos vinculados a las actividades investigadas.
El caso se originó tras un operativo ejecutado durante la madrugada del 7 de junio de 2025, cuando las autoridades allanaron un centro clandestino de explotación sexual ubicado en el Valle de Los Chillos.
Como parte de las medidas de reparación, el Tribunal dispuso que la red pública de salud garantice atención psicológica y psiquiátrica especializada para las víctimas, enfocada en la recuperación y tratamiento de secuelas emocionales derivadas de los hechos investigados.
Las autoridades indicaron que las agravantes aplicadas en este caso están contempladas dentro del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
