Condenada por el asesinato de sus dos hijos en Quito intenta evitar pago de reparación económica seis años después
Seis años después de un caso que conmocionó a Quito, la sentenciada Lissa Caiza volvió a los tribunales, esta vez para intentar evitar el pago de USD 20 000 fijado como reparación integral a favor del padre de sus dos hijos. La mujer cumple una condena de 34 años y ocho meses de prisión por el asesinato de los menores.
El nuevo recurso, presentado en enero de 2026, busca impugnar la multa económica impuesta por un tribunal penal tras la sentencia emitida en 2021. La solicitud ya fue asignada a una sala especializada, que deberá analizar su procedencia. Esta acción se da luego de que la Corte Nacional de Justicia rechazara previamente un recurso de casación que pretendía reducir la condena.
El caso se remonta al 28 de octubre de 2020, cuando los hijos de 5 y 9 años de Caiza fueron hallados sin vida en su vivienda en la parroquia de Pifo. Las investigaciones determinaron que los menores fueron víctimas de asfixia mecánica y envenenamiento, tras ingerir sustancias tóxicas mezcladas con medicamentos.
Durante el levantamiento de los cuerpos, agentes policiales también descubrieron el cadáver de un hombre, identificado como Jaime Geovanny Yanchaguano, oculto bajo el mesón de la cocina. El cuerpo presentaba signos de descomposición y había sido envuelto en una lona.
Las pericias forenses y testimonios recogidos durante el proceso confirmaron que los crímenes fueron de carácter violento. La sentencia incluyó, además de la pena privativa de libertad, la obligación de reparar económicamente a la familia afectada.
De forma paralela, Caiza acumula otras condenas de 22 años de prisión por el asesinato de Yanchaguano y de otro hombre identificado como Marco Bayardo, también en circunstancias relacionadas con envenenamiento. Estas penas se suman a la condena principal.
Actualmente, la procesada permanece recluida en un centro penitenciario mientras se espera la resolución judicial sobre su último recurso, centrado exclusivamente en la reparación económica establecida en la sentencia.
