Dictan cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente peruano Martín Vizcarra
El juez Jorge Chávez Tamariz dictó prisión preventiva por cinco meses contra el expresidente de Perú, Martín Vizcarra (2018-2020). La medida busca asegurar su presencia en el juicio por el presunto delito de cohecho, a raíz de los sobornos que habría recibido cuando era gobernador regional de Moquegua.
Durante la audiencia, el fiscal Germán Juárez presentó elementos que sugieren que Vizcarra recibió sobornos de 2,3 millones de soles (USD 611,000). Según la acusación, el dinero provino de empresas adjudicatarias de las obras Lomas de Ilo y la ampliación del Hospital de Moquegua.
El magistrado consideró que existe riesgo de fuga y obstaculización de la justicia, argumentando que el exmandatario no tiene un arraigo laboral ni familiar sólido. La decisión se basa en que su esposa e hijo menor viven en otra ciudad y en que uno de sus contratos de trabajo es «cuestionable», ya que la empresa es dirigida por su esposa y sus hijas son accionistas.
Tras la resolución, Vizcarra fue trasladado a la carceleta del Poder Judicial. Se espera que sea recluido en la prisión de Barbadillo, donde también se encuentran los expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Castillo.
El fiscal Juárez remarcó que la pena solicitada es de 15 años de cárcel, lo que justifica el riesgo de fuga. Por su parte, la defensa de Vizcarra, a cargo del abogado Erwin Siccha, apeló la medida de prisión preventiva. El abogado aseguró que Vizcarra no estuvo en Lima en la fecha en que la Fiscalía sostiene que se encontró con representantes de la empresa ICCGSA para recibir personalmente uno de los pagos.
Según la Fiscalía, Vizcarra habría solicitado una comisión del 2% por la obra Lomas de Ilo. Los pagos, que habrían sido consignados como préstamos en los registros de la empresa Obrainsa, han sido corroborados por exejecutivos de la compañía que se acogieron a un proceso de colaboración eficaz.
En el caso de la ampliación del Hospital de Moquegua, la Fiscalía afirma que Vizcarra condicionó la adjudicación a un pago de 1,8 millones de soles. La última entrega de este soborno se habría producido en 2016, cuando Vizcarra ya era vicepresidente y ministro de Transportes y Comunicaciones./C.Barragán
