Los Choneros infiltraron agencias de tránsito en 12 municipios para financiar su red criminal.
El hijo de alias “Fito” lideraba una red de matrículas irregulares en Puerto López y Manta. El ministro del Interior pidió a los municipios denunciar infiltraciones del crimen organizado antes de una intervención estatal.
La Dirección Nacional de Investigación de la Policía concluyó en 2024 que Los Choneros lograron infiltrar personal en las agencias de tránsito de al menos 12 municipios del país, con el objetivo de canalizar fondos y facilitar sus operaciones ilícitas.
En el centro de esta red aparece Adolfo Jair Macías Peñarrieta, alias “Jair” o “Fito Junior”, hijo del líder de la banda, José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”. Según fuentes policiales, el joven de 24 años habría operado una estructura paralela de trámites vehiculares irregulares que abastecía de recursos al Grupo Armado Organizado.
Puerto López: punto de partida.
La red fue detectada inicialmente en julio de 2024 en Puerto López, Manabí, donde se identificaron trámites de matriculación de vehículos sin placas o a nombre de personas fallecidas. Uno de los operadores era William Ubaldo Bailón Barre, compadre de “Fito” e investigado por delincuencia organizada en 2017.
Junto a otros cuatro implicados, Bailón canalizaba recursos hacia Jair Macías, consolidando una economía ilícita que fortalecía al grupo.
Manta: infiltración en la nómina municipal
La recaptura de alias “Fito” el 25 de junio de 2025 evidenció el nivel de infiltración que alcanzaron Los Choneros en Manta, específicamente en la Empresa Pública Municipal Movilidad. Uno de los nombres clave fue Cristian Mendoza Vélez, lugarteniente de “Fito”, quien laboró allí desde 2012, percibiendo USD 901 mensuales sin asistir regularmente a su trabajo.
El seguimiento a Mendoza Vélez fue clave para ubicar y capturar a Macías Villamar.
Además, se descubrió que Yandry Nicomedes Macías Villamar, hermano de “Fito”, también figuraba como empleado de la empresa municipal desde 2015, con un salario de USD 1.676. Fue detenido el pasado 2 de junio de 2025.
La alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, solicitó al Gobierno Nacional la intervención de la empresa municipal, denunciando la infiltración del crimen organizado.
Al menos 12 municipios bajo sospecha
Según la investigación, Los Choneros contarían con personal infiltrado o aliados en agencias de tránsito de municipios como:
- Guayas: Naranjal, Jujan, Salitre
- Los Ríos: Vinces, Olmedo
- Manabí: Manta, Puerto López, Muisne, Tosagua
- Pichincha: Cayambe, Puerto Quito
Esta estructura, según fuentes policiales, permitía no solo la generación de ingresos ilegales, sino también el acceso a información clave para evitar operativos policiales y militares.
Advertencias desde el Gobierno: municipios entregados al crimen
El ministro del Interior, John Reimberg, advirtió el 15 de mayo que los municipios deben solicitar voluntariamente la intervención estatal si tienen evidencia de que sus entidades de tránsito han sido capturadas por grupos delictivos. De lo contrario, la fuerza pública intervendrá de forma directa.
“Muchos municipios y agencias de tránsito están entregados a grupos delictivos. Algunos alcaldes ya pidieron ayuda, otros no, porque creen que no sabemos lo que pasa, o son parte, o tienen miedo”, declaró Reimberg en entrevistas recientes.
El ministro evitó mencionar nombres, pero la influencia de la banda aliada Los Chone Killers también fue detectada en Durán, específicamente en su Autoridad de Tránsito.
Preocupación internacional y violencia en aumento
Según la organización internacional ACLED, la colusión entre bandas criminales y funcionarios de tránsito permite al crimen organizado planear rutas seguras, evadir controles y mover mercancía ilícita sin obstáculos. La organización identificó a Manta y Durán como los puntos más críticos.
En Manta, 11 agentes de tránsito han sido asesinados desde 2022, lo que refleja el nivel de riesgo que enfrentan quienes no se alinean con estas estructuras.
La infiltración de Los Choneros y sus aliados en los gobiernos locales no solo ha servido para financiar sus actividades, sino que se ha convertido en una herramienta estratégica para su expansión territorial y operativa. El reto ahora recae en la voluntad política de los municipios y la capacidad del Estado para desmantelar estas redes sin represalias
Fuente: Primicias.
