Segcom habría pagado para cuidar imagen de Presidente Guillermo Lasso
Plan V hizo público un artículo en el cual denuncia que Segcom realizó un contrato por USD 250 mil para cuidar la imagen del presidente Guillermo Lasso, durante el juicio político.
Una pequeña empresa de Florida, en EEUU, contrató una firma de relaciones públicas por $250.000 para que medios de ese país y de Gran Bretaña difundieran información a favor de Guillermo Lasso durante su juicio político, menciona el artículo.
El contrato se habría hecho a través de una empresa intermediaria, GRAM, cuyo titular es Miguel Macías directivo de Banco Banisi y exvicepresidente financiero de Banco de Guayaquil.
La investigación fue realizada por Miami Herald, en colaboración con Plan V, se reveló el contrato, en Estados Unidos. Este contrato habría tenido como objetivo manejar la imagen del presidente Guillermo Lasso en este país y en Gran Bretaña, durante el juicio político en su contra.
Pero este caso ha llamado la atención por su modo inusual. En lugar de que el Gobierno ecuatoriano realice una contratación directa con la firma de relaciones públicas, pasó por una empresa intermediara, es decir GRAM. En los registros oficiales, GRAM actúa como representante de la Secretaría General de Comunicación. También aparece el nombre de Wendy Reyes, actual titular de esa entidad, como la funcionaria de contacto, menciona el artículo.
No está claro el origen del dinero utilizado en el contrato. Se plantean interrogantes sobre si los fondos fueron aportados por GRAM o si provienen de fondos públicos y por qué una empresa privada se encargó de contratar servicios de relaciones públicas en nombre del Gobierno.
Abogados ecuatorianos coinciden en que es extraño que una empresa privada actúe como intermediaria del Gobierno. No tiene sentido que el contrato inscrito en el FARA mencione a la Secretaría de Comunicación si los fondos no son públicos. A Felipe Rodríguez, abogado penalista, le preocupa dos elementos de este contrato. El primero es que es el intermediario sea un allegado de Lasso porque existe un conflicto de interés. Y lo segundo, es que el literal D de los objetivos de ese acuerdo sea reducir el impacto negativo del juicio político en la reputación del Presidente y de su familia. “Los fondos públicos son para proteger la imagen del Ejecutivo, es decir la estabilidad del país. Más no de la persona natural, del ciudadano o padre de familia que ostenta la calidad de Presidente”, explica el jurista, finaliza el documento.
