Gobierno pagó $25 millones por despidos de 1.244 funcionarios con norma que fue declarada inconstitucional
El despido de 1.244 servidores públicos con nombramiento permanente, realizado por el Gobierno de Daniel Noboa desde el 28 de julio, se ejecutó bajo una norma técnica laboral que fue declarada inconstitucional el 26 de septiembre. Las desvinculaciones le costaron al Estado USD 25 millones en indemnizaciones.
A pesar de la sentencia de la Corte Constitucional, los funcionarios no podrán retornar a sus puestos, según el Ministerio del Trabajo.
El proceso de supresión de puestos se fundamentó en la Resolución 032 del Ministerio del Trabajo, publicada el 24 de julio, horas antes de que el Gobierno anunciara la intención de desvincular a cerca de 5.000 funcionarios por esta vía. Dicha norma fue emitida en cumplimiento de la Ley de Integridad Pública y su Reglamento, cuerpo legal que fue declarado inconstitucional por la Corte.
No obstante, la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, aclaró a PRIMICIAS que la sentencia de la Corte sobre la Ley de Integridad no tiene efecto retroactivo sobre temas laborales. «Lo que se hizo, ahí murió; no se puede volver a hacer», afirmó la titular.
Núñez también indicó que la supresión de puestos se mantiene legalmente en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), que no fue reformado por la Ley de Integridad. Por lo tanto, lo que quedó sin efecto es únicamente la norma técnica que establecía «los fundamentos para la supresión de puestos». Con ello, la normativa laboral «vuelve al artículo anterior», concluyó la funcionaria.
