Fiscalía solicita condena contra Abdalá Bucaram y su hijo por presunta delincuencia organizada
La Fiscalía General del Estado solicitó este jueves 14 de mayo una sentencia condenatoria contra el expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo Bucaram Pulley y otros dos procesados, dentro del juicio por presunta delincuencia organizada relacionada con la comercialización irregular de pruebas para detectar COVID-19 e insumos médicos durante la emergencia sanitaria de 2020.
Según la acusación presentada por la Fiscalía, los implicados habrían formado parte de una estructura que operó entre marzo y agosto de 2020, obteniendo beneficios económicos mediante la venta de aproximadamente 21 000 pruebas de detección de coronavirus, además de otros productos médicos.
Durante la audiencia, el Ministerio Público sostuvo que la presunta organización utilizó recursos y vehículos de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito (AMT) para movilizar la mercadería. También señaló que dos ciudadanos israelíes participaron en el traslado de las pruebas hacia la vivienda del exmandatario. Uno de ellos fue asesinado en 2020 en la Penitenciaría del Litoral.
De acuerdo con la teoría fiscal, en el inmueble de Bucaram también se habrían almacenado mascarillas, lancetas y otros insumos médicos. La Fiscalía indicó además que Jacobo Bucaram habría realizado pagos en efectivo por más de USD 321 000 para adquirir la mercadería.
Las investigaciones también apuntan a que algunos involucrados se habrían presentado falsamente como integrantes del cuerpo diplomático y de la DEA de Estados Unidos para facilitar la movilización de los productos durante las restricciones sanitarias.
El Ministerio Público aseguró que las pruebas e insumos eran comercializados en distintas provincias del país sin facturación ni pago de impuestos. En el juicio participaron alrededor de 50 testigos y peritos, quienes presentaron elementos de prueba ante el tribunal.
El proceso judicial inició en abril de 2025, luego de varios diferimientos registrados desde 2022. Se espera que en los próximos días el tribunal emita su resolución final sobre este caso que se originó en plena pandemia.
El delito de delincuencia organizada en Ecuador contempla penas de hasta 10 años de prisión, las cuales podrían incrementarse en caso de existir agravantes.
