Caso Goleada suma tensión: audiencia vuelve a aplazarse y entorno cercano de Aquiles Álvarez espera una decisión clave
La audiencia de vinculación del denominado caso Goleada, prevista para este martes 26 de mayo de 2026, fue suspendida por segunda ocasión debido a la falta de claridad sobre quiénes son los representantes legales de varias empresas que la Fiscalía busca incorporar a la investigación por presunto lavado de activos.
Según información expuesta durante la diligencia, la Fiscalía recibió documentación de la Superintendencia de Compañías en la que constaba que Fernando y Xavier Viteri Henriques, familiares del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, figuraban como representantes legales de cinco sociedades involucradas en el proceso. Sin embargo, la defensa presentó documentos del Registro Mercantil de Guayaquil que demostrarían que ambos renunciaron a dichos cargos en marzo pasado.
Ante esta situación, el juez que lleva la causa dispuso que se solicite información oficial al Registro Mercantil y a la Superintendencia de Compañías para identificar a los representantes legales o miembros del directorio de las personas jurídicas involucradas. Las instituciones deberán responder en un plazo de 24 horas.
Una vez que exista claridad sobre la representación legal de las empresas, la autoridad judicial fijará una nueva fecha para reinstalar la audiencia.
El magistrado también señaló que, en caso de que las compañías no cuenten con defensa jurídica, podrían ser representadas mediante un defensor público, tomando como referencia antecedentes judiciales aplicados en otros procesos nacionales.
Por su parte, la defensa del alcalde Aquiles Álvarez sostuvo que la figura del defensor público corresponde a las personas naturales vinculadas a una empresa y no directamente a las compañías.
La futura audiencia es considerada clave dentro del proceso, ya que la Fiscalía prevé vincular a varias personas y empresas adicionales. Entre ellas figuran familiares cercanos del alcalde de Guayaquil, así como otros ciudadanos y nueve sociedades relacionadas con la investigación.
Además, durante la diligencia, la Fiscalía podría solicitar medidas cautelares que incluyen presentación periódica ante autoridades, prohibición de salida del país, uso de dispositivo de vigilancia electrónica o prisión preventiva, dependiendo de la evaluación judicial.
El caso Goleada continúa en etapa de desarrollo y mantiene expectativa política y judicial, mientras las autoridades avanzan en la recopilación de información necesaria para determinar responsabilidades dentro del proceso investigativo.
