Asesinato de fiscal en Manabí enciende las alertas: jueces y magistrados exigen mayores garantías de seguridad
El asesinato de la fiscal Gloria Alexandra Bravo Cedeño, ocurrido en Manta el pasado fin de semana, generó preocupación dentro del sistema judicial ecuatoriano y motivó un pronunciamiento de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (AEMAJ), que solicitó medidas urgentes para proteger a los operadores de justicia del país.
A través de un comunicado oficial emitido este lunes 15 de junio, la organización expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la funcionaria, además de manifestar su solidaridad con la Fiscalía General del Estado ante este hecho violento que ha conmocionado al sector judicial.
La AEMAJ advirtió que el crimen ocurre en un contexto marcado por el incremento de amenazas y ataques contra jueces, fiscales y servidores judiciales. Según el gremio, esta situación ya ha sido puesta en conocimiento de organismos internacionales para que realicen seguimiento a las condiciones de seguridad bajo las cuales desempeñan sus funciones los administradores de justicia en Ecuador.
Asimismo, la asociación exhortó a las autoridades nacionales a implementar acciones integrales y urgentes que permitan fortalecer la protección de quienes intervienen en procesos judiciales, especialmente en zonas afectadas por la violencia y la actividad de grupos delictivos.
El organismo también solicitó que las instituciones competentes desarrollen una investigación rápida, transparente e imparcial para esclarecer el asesinato de la fiscal Bravo, identificar a los responsables y garantizar que el caso no quede en la impunidad.
Finalmente, la AEMAJ destacó que la seguridad de los operadores de justicia es un elemento fundamental para preservar la independencia judicial, el Estado de derecho y la protección efectiva de los derechos ciudadanos.
El asesinato de Gloria Alexandra Bravo se suma a otros hechos violentos registrados en los últimos años contra funcionarios vinculados al sistema judicial, una situación que mantiene en alerta a las autoridades y organizaciones relacionadas con la administración de justicia en el país.
