Asamblea Nacional dispone investigar la ruta del dinero en el caso Progen y exige esclarecer posibles beneficiarios
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles 24 de junio de 2026 una resolución para que la Comisión de Fiscalización y Control Político investigue la ruta del dinero vinculada al denominado caso Progen. La decisión recibió el respaldo unánime de los 131 legisladores presentes, incluyendo a las bancadas de Acción Democrática Nacional (ADN) y Revolución Ciudadana (RC).
La resolución faculta a la Comisión de Fiscalización a requerir información, documentación y comparecencias de personas relacionadas con el caso, con el objetivo de determinar el destino de los recursos involucrados y esclarecer posibles responsabilidades. El organismo legislativo deberá presentar un informe con conclusiones y recomendaciones al Pleno en un plazo de 30 días.
La iniciativa fue presentada por la asambleísta Ana Belén Tapia, de la bancada oficialista, en medio de una serie de acciones impulsadas para profundizar las investigaciones sobre presuntas irregularidades financieras relacionadas con Progen.
Paralelamente, ADN informó que presentó una solicitud ante la Fiscalía General del Estado para que se vincule a cinco representantes de empresas privadas dentro de la instrucción fiscal que se desarrolla por este caso.
El vicepresidente de la Asamblea Nacional y jefe de la bancada oficialista, Esteban Torres, señaló que el propósito es identificar a los accionistas y beneficiarios finales de cerca de 700 transferencias efectuadas desde cuentas de Progen en Estados Unidos hacia abogados, estudios jurídicos y diversas empresas.
Torres aclaró que en la documentación presentada no constan como beneficiarios los exministros de Energía Roberto Luque e Inés Manzano. Además, enfatizó que la aparición de nombres dentro de una investigación no implica necesariamente la existencia de pruebas que determinen responsabilidades.
El caso Progen también mantiene abierta otra arista política. Actualmente, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) analiza una solicitud de juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano, lo que podría derivar en nuevas acciones de fiscalización dentro de la Asamblea Nacional.
Con esta resolución, el Legislativo busca aportar al esclarecimiento de los hechos y fortalecer el seguimiento a uno de los casos que ha generado atención pública por el manejo y destino de recursos vinculados a la contratación y operaciones investigadas.
