Camiones bajo revisión: Contraloría reporta USD 787 mil en perjuicios en compra de recolectores de EMASEO
La compra de seis camiones recolectores de basura realizada por la Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito (EMASEO) vuelve a estar bajo escrutinio luego de que se hiciera público un informe de examen especial de la Contraloría General del Estado. El documento, según lo expuesto durante una rueda de prensa el concejal Andres Campaña, identifica presuntas irregularidades en el proceso de adquisición y establece dos hallazgos que representarían un perjuicio económico acumulado de USD 787 mil para la ciudad.
La fiscalización del proceso, de acuerdo con la concejalía que presentó la denuncia, comenzó en agosto de 2025, varios meses después de la compra de los vehículos, realizada en diciembre de 2024. El concejal explicó que durante una visita a las instalaciones de EMASEO encontró que ninguno de los seis camiones recientemente adquiridos estaba operativo.
A partir de esa situación, se realizaron distintos pedidos para que el tema fuera analizado en el Concejo Metropolitano. Según relató el edil, hubo varias convocatorias e intentos de incluir el caso en la agenda del organismo, sin que se alcanzaran los votos necesarios o el quórum requerido para tratarlo.
Paralelamente, el 16 de septiembre de 2025 se presentó un pedido ante la Contraloría General del Estado para que realizara un examen especial sobre la compra. La respuesta de la entidad, según la información entregada durante la rueda de prensa, llegó el 22 de octubre de ese mismo año y confirmó que se desarrollaría una acción de control.
Con la presentación del informe, la discusión dejó de centrarse únicamente en el ámbito político del Concejo Metropolitano y pasó a incorporar las observaciones formuladas por el organismo de control.
Primer hallazgo: financiamiento cuestionado
Uno de los principales puntos señalados en el informe está relacionado con el mecanismo de financiamiento utilizado para la adquisición de los camiones.
Según la exposición realizada, inicialmente se había informado que existía un acuerdo de financiamiento internacional relacionado con la compra. Sin embargo, la Contraloría habría determinado que ese financiamiento no se concretó y que no existió un aporte económico de la contraparte internacional mencionada.
A partir de esa conclusión, el organismo de control habría identificado una posible evasión de procedimientos de contratación pública.
La concejalía considera que este hallazgo podría generar responsabilidades que deberán ser determinadas por las autoridades competentes. Durante la rueda de prensa se mencionó incluso la posibilidad de que existan elementos para analizar una eventual responsabilidad penal por presunto peculado.
No obstante, esta posibilidad no equivale a una declaración de culpabilidad. Cualquier responsabilidad penal deberá establecerse mediante las investigaciones y procedimientos judiciales correspondientes.
El informe, de acuerdo con lo expuesto, también habría identificado un perjuicio económico de aproximadamente USD 107 mil, correspondiente a una comisión equivalente al 2 % del monto total del contrato.
Segundo hallazgo: incumplimientos técnicos
La Contraloría habría encontrado además que los seis vehículos fueron recibidos por EMASEO pese a que, según la auditoría, no cumplían 13 de las 52 especificaciones técnicas establecidas originalmente para la compra.
Entre los incumplimientos mencionados durante la rueda de prensa se encuentran características relacionadas con la capacidad de carga, el sistema de frenado y la potencia de los motores.
En cuanto a la capacidad de carga, la especificación establecía que cada camión debía transportar hasta 3,5 toneladas de basura. Sin embargo, de acuerdo con los datos citados del informe, los vehículos tendrían una capacidad real de entre 3,1 y 3,2 toneladas.
Otro de los puntos señalados está relacionado con la eficiencia del frenado. Según la información presentada, las pruebas habrían determinado un rendimiento de entre 50 % y 55 %, mientras que el límite inferior señalado para la revisión técnica vehicular sería del 65 %.
La tercera observación corresponde a la potencia de los motores. La especificación habría requerido 210 caballos de fuerza, mientras que los vehículos entregados presentarían, según la auditoría citada, un déficit que oscilaría entre el 10 % y el 74 %, dependiendo de la unidad evaluada.
Estos elementos fueron presentados como ejemplos de los 13 incumplimientos identificados por el organismo de control.
La suma de este segundo hallazgo ascendería, según lo expuesto, a aproximadamente USD 680 mil, monto que, añadido al primer perjuicio de USD 107 mil, lleva el total señalado en la auditoría a USD 787 mil.
Los vehículos y el servicio de recolección
Más allá del aspecto financiero, el caso también vuelve a poner atención sobre el estado de la flota de EMASEO y su capacidad para mantener el servicio de recolección de residuos en Quito.
Durante la rueda de prensa se informó que, de una flota de 101 camiones, aproximadamente el 60 % estaría operativo, mientras que el 40 % permanecería fuera de servicio.
Este dato fue utilizado por la concejalía para cuestionar la eficiencia del sistema de recolección y advertir sobre las consecuencias que podría tener una flota reducida frente a las necesidades de la ciudad.
Sin embargo, la situación operativa de toda la flota y las causas de las averías deberán contrastarse con información oficial y actualizada de EMASEO, especialmente para establecer qué vehículos están fuera de servicio, por cuánto tiempo y cuáles son las razones técnicas de su inactividad.
Una compra que continúa bajo revisión
La adquisición de los seis recolectores se realizó en diciembre de 2024 y, según la denuncia presentada, los vehículos dejaron de estar operativos en un período relativamente corto.
La concejalía sostiene que esta situación motivó una fiscalización de más de un año y que el informe de Contraloría coincide con varias de las preocupaciones planteadas desde el inicio.
Por su parte, los hallazgos del organismo de control deberán seguir los procedimientos establecidos para determinar eventuales responsabilidades administrativas, civiles o de otra naturaleza que correspondan.
La existencia de observaciones en un informe de auditoría tampoco significa, por sí sola, que se haya establecido responsabilidad penal de una persona determinada. Para ello se requiere una investigación específica y, de ser el caso, una resolución judicial.
La respuesta institucional será clave
El siguiente paso será conocer las acciones que adopten las instituciones involucradas frente a las conclusiones del examen especial.
También será relevante determinar qué medidas se tomarán respecto de los seis camiones observados, si pueden ser reparados o regularizados y qué mecanismos existen para garantizar que la flota cumpla con las especificaciones requeridas.
El caso abre además un debate sobre los procesos de contratación de bienes públicos y sobre los controles que deben aplicarse antes de recibir vehículos destinados a servicios esenciales para la capital.
Mientras avanzan las actuaciones derivadas del informe, la compra de los recolectores continuará bajo revisión y será necesario establecer, con base en la documentación completa y las decisiones de las autoridades competentes, si los hallazgos identificados generaron las responsabilidades señaladas y cuáles serían las consecuencias para los funcionarios o empresas involucradas.
