Juicio sin resolución: audiencia contra Abdalá Bucaram vuelve a suspenderse
La audiencia de juicio contra el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz no pudo reinstalarse este lunes 31 de agosto de 2026, en lo que constituye el quinto intento fallido de continuar con la diligencia dentro del caso conocido como Pruebas-Covid-19.
Bucaram, de 74 años, es procesado junto con otras tres personas por el presunto delito de delincuencia organizada, en una investigación relacionada con la presunta comercialización irregular de pruebas para detectar covid-19 durante la pandemia.
La defensa del exmandatario volvió a solicitar el diferimiento de la audiencia debido a que Bucaram permanece hospitalizado por un problema cardíaco. Según sus abogados, el expresidente fue sometido a una intervención quirúrgica el pasado miércoles 26 de agosto.
La esposa de Bucaram también difundió en redes sociales fotografías en las que se lo observa dentro de un quirófano, mientras su entorno ha señalado que su estado de salud requiere atención médica.
La Policía intentó localizarlo
Ante la ausencia del procesado, el Tribunal había dispuesto nuevamente que el bloque de búsqueda de la Policía Nacional acudiera a una clínica de Guayaquil para localizarlo y verificar su situación.
Sin embargo, durante la diligencia los agentes informaron que el personal del establecimiento médico no les permitió conocer el paradero del expresidente. Esta situación impidió que se concretara la verificación ordenada por el Tribunal.
Con esta nueva suspensión, la audiencia de juicio acumula cinco intentos de reinstalación que no han podido desarrollarse conforme a lo previsto.
El Tribunal convocó nuevamente a las partes para el jueves 3 de septiembre de 2026, a las 17:00. En esa jornada está previsto que los jueces anuncien la resolución respecto de la presunta responsabilidad de los procesados.
¿Qué investiga el caso Pruebas-Covid-19?
La investigación fiscal se relaciona con presuntas irregularidades ocurridas principalmente entre marzo y junio de 2020, durante la emergencia sanitaria, aunque algunas actividades vinculadas con el caso se habrían extendido hasta octubre de ese año.
Según la Fiscalía, en ese período habría operado una estructura que habría obtenido beneficios económicos mediante actividades relacionadas con la comercialización de pruebas de diagnóstico de covid-19.
La acusación también sostiene que en estos hechos se habrían utilizado bienes y servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).
De acuerdo con la teoría fiscal, agentes de la AMT habrían brindado seguridad a dos ciudadanos extranjeros, identificados como Sheinman O. y Shy D., durante el traslado de pruebas de diagnóstico hacia Guayaquil.
Shy D. posteriormente fue asesinado el 8 de agosto en la Penitenciaría del Litoral.
La investigación abarca cuatro provincias
Las actividades investigadas habrían tenido lugar en Pichincha, Guayas, Santa Elena y Esmeraldas.
La Fiscalía sostiene que los hechos habrían afectado bienes relacionados con el régimen económico y la fe pública, mientras continúa el análisis de la participación que habría tenido cada una de las personas procesadas.
Dentro de este expediente, además, dos personas ya fueron sentenciadas mediante procedimiento abreviado, mecanismo judicial mediante el cual los procesados aceptan su responsabilidad en los hechos que se les atribuyen y acceden a una resolución bajo las condiciones previstas por la ley.
La resolución continúa pendiente
La nueva suspensión mantiene pendiente la conclusión de la audiencia de juicio y, por tanto, la decisión judicial sobre Bucaram y los otros procesados.
El jueves 3 de septiembre será la siguiente fecha convocada por el Tribunal para intentar cerrar esta etapa del proceso y conocer la resolución sobre la presunta responsabilidad de los involucrados.
Hasta que exista una sentencia ejecutoriada, los procesados mantienen su derecho a la presunción de inocencia y a la defensa.
