Consejo de la Judicatura articula acciones para fortalecer seguridad y condiciones de jueces anticorrupción
El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) mantuvo este jueves 8 de enero de 2026 una reunión de trabajo con juezas y jueces de las dependencias judiciales especializadas en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, con el objetivo de articular acciones orientadas a mejorar sus condiciones laborales y de seguridad.
Durante el encuentro, el CJ ratificó su respaldo institucional a los administradores de justicia que conocen este tipo de causas. Aunque reconoció las limitaciones presupuestarias actuales, señaló que se trabaja en la optimización del talento humano, la rehabilitación de infraestructura judicial, la incorporación de herramientas tecnológicas y, de manera prioritaria, el fortalecimiento de las medidas de seguridad para jueces y equipos técnicos.
Como resultado de la reunión, se acordó la instalación de mesas de trabajo interinstitucional para gestionar cooperación internacional en materia de seguridad, optimizar la carga laboral —incluida la posible creación de una nueva sala provincial y un nuevo tribunal especializado— y coordinar con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) el cumplimiento efectivo de audiencias desde los centros de rehabilitación social, a fin de evitar diligencias fallidas y la caducidad de la prisión preventiva.
En el encuentro, la vocal Magaly Ruiz señaló que el Pleno asumió sus funciones con plena conciencia de la crisis institucional que atraviesa la Función Judicial y aseguró que el objetivo es escuchar a los jueces y construir soluciones conjuntas con responsabilidad institucional. Por su parte, Damián Larco indicó que corresponde a la Judicatura garantizar las condiciones administrativas, técnicas y logísticas necesarias para que los jueces ejerzan su labor con independencia. En tanto, Fabián Fabara afirmó que el CJ actúa con transparencia frente a los requerimientos de los jueces anticorrupción y que los temas abordados no responden a decisiones improvisadas.
La reunión se desarrolló en medio de las críticas generadas tras la renuncia del juez Carlos Serrano, quien denunció amenazas de muerte, presiones para favorecer a un procesado por narcotráfico y la retirada de su custodia policial, hechos que lo llevaron a dejar su cargo por motivos de seguridad.
En este contexto, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó este jueves su preocupación por la seguridad de los jueces anticorrupción en Ecuador. A través de su cuenta en la red social X, advirtió sobre las condiciones de riesgo que enfrentan jueces y operadores judiciales que investigan casos de alto impacto relacionados con corrupción y graves violaciones de derechos humanos, en un escenario marcado por la presencia del crimen organizado y denuncias de posibles vínculos con sectores del sistema judicial.
