Corte Constitucional admite demandas y analizará la legalidad del cobro de la tasa de basura en la planilla de agua
La Corte Constitucional analizará la constitucionalidad del mecanismo utilizado por el Municipio de Quito para recaudar la tasa de recolección de basura a través de la planilla de agua potable, tras admitir a trámite varias demandas presentadas en contra de esta medida.
Entre las acciones aceptadas constan las presentadas por los concejales Wilson Merino y Michael Aulestia, quienes cuestionan la legalidad del cobro implementado desde febrero de 2026 y que ha generado reclamos ciudadanos por presuntos incrementos significativos en los valores facturados.
Los demandantes solicitaron además la suspensión temporal de la recaudación mientras se resuelve el proceso constitucional. Sin embargo, la Corte Constitucional negó esta petición, por lo que el cobro continuará vigente mientras se desarrolla el análisis jurídico del caso.
Como parte del procedimiento, el Concejo Metropolitano de Quito, el alcalde de la ciudad y el Procurador Metropolitano deberán presentar sus respectivos argumentos y descargos para sustentar la legalidad de la medida ante el máximo organismo de control constitucional.
La controversia surgió luego de que el Gobierno Nacional eliminara el mecanismo que permitía recaudar la tasa de recolección de basura a través de la planilla de energía eléctrica, dejando a los municipios la facultad de definir nuevas modalidades de cobro.
Ante este escenario, una mayoría del Concejo Metropolitano aprobó trasladar el cobro a la planilla de agua potable. No obstante, desde la entrada en vigencia de la medida, miles de usuarios han reportado incrementos que consideran excesivos en sus facturas, situación que derivó en cuestionamientos políticos y acciones legales.
Mientras la Corte Constitucional estudia el caso, el Municipio de Quito ha informado que mantiene conversaciones para evaluar alternativas que permitan que la tasa vuelva a cobrarse mediante la planilla de energía eléctrica.
Por el momento no existe una fecha definida para que la Corte emita una resolución. De acuerdo con los tiempos habituales de este tipo de procesos, el pronunciamiento podría tomar varios meses.
