Intervención reaviva disputa por control de cámaras en Guayaquil
La intervención policial en las instalaciones de Segura EP, empresa municipal encargada del sistema de videovigilancia en Guayaquil, reactivó la disputa entre el Gobierno Central y las autoridades locales por el control operativo de las cámaras de seguridad en la ciudad.
El 15 de febrero de 2026, unidades de la Policía Nacional del Ecuador ingresaron a las oficinas de la entidad mediante un acto urgente, en el marco de una investigación por la presunta difusión de información restringida. Tres días después, la Fiscalía General del Estado confirmó el inicio de una investigación previa por este caso.
El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que la medida respondió a supuestos incumplimientos de un acuerdo ministerial relacionado con el almacenamiento y la interconexión de datos con el sistema de emergencias ECU 911. Según explicó, la información de las cámaras no se encontraba almacenada en las instalaciones autorizadas.
Tras el operativo, los recursos logísticos y tecnológicos de Segura EP pasaron a coordinarse con el Ministerio del Interior y la Fuerza Pública. La Policía informó que se fortaleció la capacidad operativa en la ciudad y que se delegó a un oficial para coordinar acciones conjuntas.
La medida generó cuestionamientos de concejales de Guayaquil, quienes consideraron que el allanamiento fue desproporcionado y señalaron que no se reportaron incautaciones ni alteraciones administrativas. Desde Segura EP se indicó que las operaciones continúan con normalidad y que el gerente, Alex Anchundia, permanece en funciones.
El episodio se suma a una serie de desacuerdos previos entre el Gobierno y el Municipio por la administración de las cámaras de seguridad. En 2024, un decreto presidencial dispuso que el ECU 911 retomara la recepción de llamadas de emergencia y la coordinación de los sistemas municipales. Desde entonces, se han producido tensiones relacionadas con incendios de gran magnitud, la difusión de grabaciones de casos judiciales y el uso de recursos logísticos.
Juristas consultados han señalado que existen dudas sobre el procedimiento aplicado en la intervención y sobre la claridad del marco normativo que regula las competencias entre el Gobierno Central y los municipios.
Mientras la investigación avanza, el control operativo de las cámaras de videovigilancia en Guayaquil continúa bajo coordinación conjunta, en un contexto marcado por el debate técnico, jurídico y político sobre la gestión de la seguridad en la ciudad.
