La industria audiovisual ecuatoriana está en crisis y el gobierno ignora sus obligaciones
La negativa del Estado a reconocer la crisis del sector audiovisual y a corregir una norma ilegal está destruyendo empleos, debilitando la cultura y condenando a una generación de jóvenes profesionales al desempleo.
La Asociación de Productoras Audiovisuales del Ecuador (APAE) alerta al país sobre la grave crisis estructural que atraviesa la industria audiovisual nacional, provocada y profundizada por la vigencia del Artículo 55 del Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), una disposición que contradice la Ley, vulnera la Constitución y favorece abiertamente la importación de publicidad producida fuera del Ecuador.
Pese a los reiterados llamados, solicitudes formales y alertas técnicas presentadas por APAE ante las autoridades competentes, el Gobierno Nacional se ha negado a reconocer la magnitud del problema y ha optado por la inacción, permitiendo que una normativa ilegal siga operando en perjuicio de miles de trabajadores y trabajadoras del sector creativo.
El Artículo 55 habilita la difusión de piezas publicitarias extranjeras que no cumplen con la legislación ecuatoriana, violando lo dispuesto por la propia Ley Orgánica de Comunicación, que establece con claridad que la publicidad difundida en el país debe ser producida localmente.
Esta distorsión normativa ha vaciado el mercado nacional, desplazando a productoras, técnicos, creativos, actores y casas de producción ecuatorianas.
Desde su aplicación, durante el gobierno de Guillermo Lasso, la producción publicitaria nacional se ha reducido en un 50 %, provocando miles de empleos perdidos y un deterioro acelerado del ecosistema audiovisual.
De mantenerse esta política, se calcula que en el primer trimestre de este año más de 4.000 jóvenes graduados en carreras audiovisuales enfrentarán un mercado inexistente, resultado directo de decisiones estatales que favorecen la externalización ilegal de la producción.
“Este no es solo un problema del sector audiovisual; es un problema del país entero. Cada comercial que se produce fuera del Ecuador de manera ilegal destruye empleo, debilita nuestra cultura y profundiza el desempleo juvenil. El Estado no puede seguir mirando a otro lado, pero tampoco pueden hacerlo las cámaras empresariales y las empresas anunciantes”, señala Gabriela Jaramillo, vocera de APAE.
APAE enfatiza que producir publicidad fuera del Ecuador, cuando la ley exige producción local, es un acto ilegal que rompe la cadena de valor cultural, precariza el trabajo creativo y erosiona la identidad audiovisual del país.
La responsabilidad no recae únicamente en el Estado: las empresas, marcas y cámaras empresariales que optan por producir fuera también son corresponsables de esta crisis.
La falta de oportunidades laborales y de espacios de aprendizaje práctico está condenando al talento joven a migrar, subemplearse o abandonar su profesión, mientras el país pierde capacidades estratégicas en un sector clave para la economía creativa y la soberanía cultural.
Reescribir el Artículo 55 es urgente para:
- Detener la destrucción de empleo en la industria audiovisual.
- Recuperar la producción publicitaria nacional.
- Garantizar condiciones laborales justas para miles de profesionales.
- Proteger la cultura y la identidad audiovisual ecuatoriana.
- Fomentar inversión, formación y desarrollo tecnológico local.
La experiencia internacional demuestra que proteger la producción nacional no es proteccionismo. Países como Francia, México, Argentina, Brasil, Colombia y Canadá aplican cuotas de contenido local, incentivos fiscales e impuestos a producciones extranjeras para fortalecer sus industrias. Ecuador no puede seguir siendo la excepción a costa de su propia gente.
APAE exige a Daniel Noboa, Presidente de la República, y a las autoridades competentes asumir su responsabilidad, reconocer la crisis del sector y reescribir de manera inmediata el Artículo 55, restableciendo la legalidad y condiciones equitativas en el mercado publicitario.
“Reescribir el Artículo 55 no es un trámite técnico ni un favor al sector; es una decisión. política que define si el Ecuador apuesta por su talento, su cultura y su empleo, o si continúa profundizando una crisis que ya es un insostenible”, concluye Gabriela Jaramillo
