Mahuad lleva su caso a la CIDH: pide anular su condena, indemnización y disculpas públicas
El expresidente de Ecuador Jamil Mahuad, quien gobernó el país entre 1998 y 2000, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar presuntas vulneraciones de derechos relacionadas con el proceso judicial que terminó con una condena en su contra por peculado.
Mahuad fue condenado en 2014 a ocho años de prisión. En su petición ante el organismo internacional sostiene que habría sido víctima de una supuesta persecución política y cuestiona las condiciones en las que se desarrolló el proceso penal.
Como parte de las medidas de reparación solicitadas, el exmandatario busca que se deje sin efecto la sentencia y la orden de captura vigente en su contra. También plantea una indemnización y una disculpa pública.
De acuerdo con la información difundida por su equipo de comunicación, Mahuad argumenta que fueron vulnerados derechos relacionados con las garantías judiciales y el debido proceso, el principio de legalidad, la igualdad ante la ley, la protección judicial efectiva y la libertad de residencia y circulación.
La petición ante la CIDH se presenta después de que el expresidente recurriera a diferentes instancias dentro del sistema judicial ecuatoriano. En diciembre de 2025, la Corte Constitucional rechazó una acción extraordinaria de protección presentada por su defensa, con lo que se mantuvo vigente la sentencia.
Mahuad salió de Ecuador con destino a Estados Unidos en el año 2000, después de dejar la Presidencia, y desde entonces no ha regresado al país.
Con la presentación de la petición comienza una nueva etapa dentro del sistema interamericano. La CIDH deberá analizar inicialmente el caso y determinar si cumple los requisitos correspondientes para avanzar en su trámite, sin que la presentación de la denuncia implique por sí misma una decisión favorable al expresidente.
El proceso queda ahora en manos del organismo internacional, que deberá evaluar los argumentos planteados por Mahuad y la eventual posición del Estado ecuatoriano sobre las presuntas vulneraciones denunciadas.
