Más de la mitad de los exámenes de la Contraloría a gobiernos locales presenta indicios de responsabilidad penal
Más de la mitad de los 64 exámenes especiales realizados por la Contraloría General del Estado a gobiernos autónomos descentralizados (GAD) habría concluido con indicios de responsabilidad penal, según informó el contralor Mauricio Torres.
Los resultados fueron expuestos durante la Cumbre Internacional de Buena Gobernanza, desarrollada en Quito, en medio de los controles sobre el uso de recursos públicos y el patrimonio de autoridades locales, a pocos meses de un nuevo proceso de elecciones seccionales.
Contraloría reporta hallazgos en administraciones localesDurante su intervención, el contralor general del Estado, Mauricio Torres, señaló que los exámenes especiales practicados a gobiernos locales han identificado posibles indicios de responsabilidad penal. Como ejemplo, mencionó el caso de Machala, donde, según indicó, se encontraron indicios relacionados con el alcalde y algunos concejales.
Torres también informó que se realizan controles en cantones de Guayas y que las revisiones se extienden a otras zonas del país.
La identificación de indicios de responsabilidad penal no constituye por sí sola una declaración de culpabilidad. Los hallazgos deben ser evaluados por las autoridades competentes y, cuando corresponda, investigados por la Fiscalía.
Los exámenes patrimoniales aumentaronEl titular de la Contraloría aseguró que durante su gestión se incrementó el número de controles patrimoniales. Según sus cifras, estos exámenes pasaron de aproximadamente 20 al año a cerca de 400.
En relación con el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, Torres aclaró que no existe un examen especial dirigido específicamente a su patrimonio. Sin embargo, explicó que se han realizado otras revisiones en las que posiblemente podrían existir indicios de responsabilidad penal.
Esta precisión distingue entre un examen patrimonial específico y otros procedimientos de control que pueden involucrar actuaciones de una autoridad.
Asamblea analiza posibles inconsistencias patrimonialesLos resultados de la Contraloría fueron remitidos a la Asamblea Nacional como insumo para el trabajo de la Comisión de Gobiernos Autónomos, que prepara un informe sobre el patrimonio de alcaldes y prefectos.
El asambleísta independiente Cristian Benavides informó que se identificaron 95 autoridades con posibles inconsistencias patrimoniales que, a su criterio, requieren una revisión más profunda por parte de la Fiscalía.
La comisión utiliza un sistema de semáforo para clasificar los hallazgos. Los casos ubicados en las categorías roja y naranja serían remitidos a las entidades correspondientes para su análisis.
De acuerdo con lo anunciado, la comisión prevé presentar el listado de alcaldes examinados el martes 20 de octubre de 2026. La información personal de las autoridades se mantendría bajo reserva.
Una cumbre internacional contra los riesgos de corrupciónLos hallazgos se dieron a conocer durante la Cumbre Internacional de Buena Gobernanza, que reúne en Quito a 20 delegaciones de organismos de control de América Latina, Europa, el Caribe y África.
El encuentro busca intercambiar experiencias y conocimientos para reducir los riesgos de corrupción y fortalecer los mecanismos de vigilancia sobre la gestión de los recursos públicos.
Las cifras presentadas por la Contraloría y la Asamblea sitúan bajo revisión distintos aspectos de la administración local, desde el manejo de fondos públicos hasta la evolución patrimonial de funcionarios.
Por ahora, los datos divulgados corresponden a hallazgos e inconsistencias que deberán ser analizados por las instituciones competentes. La determinación de responsabilidades administrativas, civiles o penales dependerá de los procedimientos legales y de las pruebas que se incorporen en cada caso.
