Orden de captura: Abdalá Bucaram no acudió por sexta vez a audiencia y el caso enfrenta riesgo de prescripción
El Tribunal que lleva el proceso contra el expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo Bucaram y otros dos procesados ordenó la captura y traslado del exmandatario, luego de que no se presentara por sexta ocasión a una audiencia en la que estaba prevista la lectura de la sentencia por el presunto delito de delincuencia organizada.
La diligencia estaba convocada para las 17:00 de este jueves 3 de septiembre de 2026, en el Complejo Judicial Norte, en Quito. Sin embargo, comenzó alrededor de las 17:40. Tres de los cuatro procesados participaron mediante conexión telemática, mientras que Bucaram no compareció.
La defensa del exmandatario informó que se encontraba internado en una casa de salud de Guayaquil debido a problemas de salud. Ante esta situación, el Tribunal dispuso que agentes de la Policía Nacional acudieran al hospital para verificar su estado y garantizar su comparecencia, ya sea de manera presencial o mediante conexión telemática.
Los policías acudieron al centro médico señalado por la defensa, pero no pudieron confirmar que Bucaram estuviera internado. Tras conocer este reporte, los jueces ordenaron su captura y traslado a la diligencia para que pueda escuchar la sentencia.
El Tribunal también dispuso vigilancia permanente en la clínica donde supuestamente se encontraría el exmandatario y estableció que, si recibe el alta médica, deberá ser aprehendido y trasladado a la audiencia.
Además, los jueces ordenaron investigar a tres centros hospitalarios de Guayaquil en los que Bucaram habría recibido atención médica. El objetivo es determinar las circunstancias de sus ingresos y revisar la documentación relacionada con su estado de salud.
La audiencia quedó suspendida y será retomada cuando se garantice la presencia del expresidente.Un proceso que podría prescribirLa nueva suspensión ocurre en medio de una advertencia de la Fiscalía sobre el riesgo de que el proceso prescriba.
El pasado 31 de julio, la fiscal Lidia Sarabia informó al fiscal general del Estado subrogante, Carlos Alarcón, que la causa se encontraba próxima a prescribir. La funcionaria señaló que todavía no existía una sentencia y recordó que la formulación de cargos contra Abdalá Bucaram ocurrió en agosto de 2020, mientras que Jacobo Bucaram fue vinculado al proceso un mes después.
Tras las constantes suspensiones y diferimientos, Sarabia calificó la situación como “inadmisible, inaudita y sin precedentes”.
¿De qué trata el caso?
La investigación se originó durante la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19. La Fiscalía acusa a Abdalá Bucaram, Jacobo Bucaram y a los otros procesados de haber colaborado, entre marzo y agosto de 2020, con una estructura que habría obtenido beneficios económicos mediante la comercialización irregular de aproximadamente 21.000 pruebas para detectar covid-19 y otros insumos médicos.
Según la investigación, dos ciudadanos israelíes habrían participado en el traslado de las pruebas bajo custodia de agentes de tránsito hacia la vivienda del exmandatario. La Fiscalía también sostiene que en ese lugar se almacenaron otros insumos médicos, entre ellos mascarillas y lancetas.
De acuerdo con el Ministerio Público, Jacobo Bucaram habría pagado USD 321.600 en efectivo por parte de esta mercadería. Este dato fue relacionado con el testimonio entregado por uno de los ciudadanos extranjeros antes de ser asesinado en 2020 en la Penitenciaría del Litoral.
La Fiscalía también señaló que algunos involucrados habrían fingido pertenecer al cuerpo diplomático y a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para facilitar sus movimientos.
El juicio comenzó el 11 de abril de 2025, después de varios diferimientos registrados desde 2022. Durante el proceso declararon alrededor de 50 personas, entre peritos y testigos.
El delito de delincuencia organizada puede recibir una pena de hasta 10 años de prisión, que podría incrementarse en determinadas circunstancias previstas por la ley.
Mientras tanto, otros dos agentes de tránsito que participaron como escoltas de seguridad presidencial ya fueron sentenciados dentro de esta causa. Ambos recibieron penas reducidas después de aceptar los hechos imputados.
Por ahora, la sentencia contra los cuatro procesados continúa pendiente. La decisión del Tribunal deberá esperar hasta que se garantice la comparecencia de Abdalá Bucaram.
