Pabel Muñoz denuncia ser víctima de «judicialización de la política» tras registrar cerca de 700 acciones legales en su contra
QUITO — Durante una reciente sesión del cuerpo edilicio, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, alzó su voz para denunciar lo que calificó como una campaña de persecución y hostigamiento en su contra y de su administración. Según detalló la autoridad municipal, en menos de cuatro años de gestión ha enfrentado un total de 687 acciones legales y administrativas.
Una avalancha de procesos y solicitudes de información
Muñoz detalló que gran parte de estas acciones provienen de denuncias directas interpuestas en su contra. Entre las cifras expuestas, destacó que actualmente existen 67 procesos suspendidos en el SERCOP (Servicio Nacional de Contratación Pública), una situación que —según cuestionó— pone en entredicho el criterio de suspensión, ya que cuando no se suspende se generan cuestionamientos sobre la ejecución. Como ejemplo, advirtió que todos los procesos relacionados con las fiestas de Quito se encuentran suspendidos.
Asimismo, el alcalde pormenorizó los siguientes datos sobre fiscalización y control:
- 13 denuncias presentadas en la Fiscalía.
- 514 exámenes y pedidos de información por parte de la Contraloría, lo que representa un incremento del 300% en comparación con administraciones anteriores.
- 59 procesos de control en la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, un incremento exponencial del 3.700% frente a gestiones pasadas debido a reformas de ley que contemplan la posible destitución de autoridades.
- 28 pedidos de información solicitados por la Asamblea Nacional, instancia a la que calificó de «moda» por las constantes convocatorias a funcionarios.
Críticas a la Asamblea y llamado a las puertas abiertas
El burgomaestre reprochó que se priorice la fiscalización de asuntos administrativos cotidianos —poniendo como ejemplo debates sobre filtraciones menores tras un diluvio en oficinas— mientras se ignoran temas de mayor gravedad histórica.
Para cerrar su intervención, Muñoz enfatizó que la corporación municipal mantiene una disposición inapelable e irrefutable de abrir «de par en par» las puertas a la Contraloría General del Estado, la Fiscalía y demás órganos de control técnico.
Finalmente, calificó este escenario como parte de una estrategia de «judicialización de la política», señalando que los ataques mediáticos y las denuncias constantes buscan desgastar anímicamente a los funcionarios y a sus familias, atentando contra su reputación y tranquilidad institucional.
